Ricardo Ávila

Entre líneas

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
octubre 21 de 2015
2015-10-21 03:45 a.m.
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Hace unos días, el Consejo Gremial Nacional se reunió con el Presidente de la República para presentarle un documento en el cual se plasma la visión de los gremios frente a los avances del proceso de paz con las Farc. Si bien se trata de un texto matizado por múltiples posturas y enfoques sectoriales, es preciso saber leer los mensajes que entre líneas se le han expuesto de manera concertada al Gobierno, pues aunque existe un apoyo generalizado al proceso, la letra menuda debe ser cuidadosamente examinada.

En cuanto a la justificación de la negociación, los gremios han dejado claro que no hay validación alguna en la causa subversiva y que la verdadera motivación del diálogo es puramente humanitaria, para ponerle fin a una larga confrontación entre el Estado y las organizaciones al margen de la ley. Bajo este principio, son enfáticos en señalar que la negociación debe ser asimétrica a favor del Estado para acoger en la legalidad a quienes están por fuera de ella y no una conversación entre pares.

Frente al marco institucional, los representantes del sector privado indicaron que los diálogos y su desarrollo deben estar estrictamente ceñidos a la Constitución, indicando su preocupación por mecanismos informales e improvisados.

Igualmente, se envió al Gobierno el mensaje de permitir que los debates del acto legislativo se desarrollen garantizando espacios adecuados a la oposición, lo que de plano advierte sobre las consecuencias negativas de prender la aplanadora sin debates pluralistas.

No hay duda de que el otro mensaje categórico del sector privado al Presidente tiene que ver con la refrendación de los acuerdos, exigiendo el cumplimiento de la palabra empeñada desde septiembre del 2012, cuando se anunció el inicio del proceso.

Basado en la publicación del acuerdo sobre desarrollo rural integral, el Consejo Gremial ha dejado traslucir preocupaciones que van desde no permitir que se negocie el modelo de desarrollo, que las instancias de participación comunitaria no se conviertan en un obstáculo a la gestión del sector, o que se permita el continuo fortalecimiento de una clase empresarial rural y que se impida una mayor segregación sectorial a través de las Zonas de Reserva Campesina.

Refiriéndose a la jurisdicción especial para la paz, hay más reclamos que aplausos. El Consejo señala que no solo desconoce los textos del acuerdo, sino que es necesario aclarar con precisión, la duración de la jurisdicción, la posibilidad de asignar responsabilidades indirectas y la posibilidad de anular los fueros constitucionales como lo deja entrever, según los gremios, el acuerdo anunciado el 23 de septiembre.

Llama la atención que los representantes de los empresarios manifestaron su preocupación por el poco avance sobre la reparación económica de las víctimas por parte de las Farc. Luego, hacen reparos sobre aspectos de la Comisión de la Verdad, apuntando a que no se haga una homologación entre la verdad histórica y la verdad judicial, y a que no se caiga en el error de tratar de construir una verdad única.

Al analizar la postura frente a los cultivos ilícitos, los gremios fueron enfáticos al indicar que no les gusta que la erradicación sea un acto voluntario, pues puede detonar una parálisis del Estado en momentos en los que estos se han expandido.

El documento termina con la exigencia de un inventario riguroso y verificado de las armas en poder de la guerrilla, para asegurar su entrega o destrucción, al mismo tiempo que piden al Gobierno claridad sobre la fecha en la que terminará la entrega de las armas, ya que hasta ahora solo se conoce el comienzo.

El mensaje es de apoyo irrestricto al Gobierno, pero entre líneas queda claro que el sector privado frente al proceso de paz tiene más dudas que certezas.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto

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