Ricardo Ávila
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Ricardo Ávila
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Ricardo Ávila
mayo 02 de 2016
2016-05-02 08:23 p.m.
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La presencia de la minería ilegal en el país no es una noticia nueva para nadie. En años recientes, las actividades extractivas desarrolladas por grupos al margen de la ley no solo se han extendido por el territorio nacional, sino que cada vez adquieren mayor fuerza y producen más daños. Hace unos meses, las autoridades confirmaron que el río Sambingo, en el Cauca, se secó debido a la explotación ilícita de oro en su cauce. Aunque no pasa una semana sin que los medios reporten capturas, este fenómeno se parece a la mítica hidra de las múltiples cabezas.

La magnitud de la problemática no es menor. Según la reciente investigación de la Universidad Externado sobre Minería y Desarrollo, 233 municipios en Colombia tienen presencia de este flagelo. Con un peso del 2,2 por ciento en el PIB, el sector registra un alto porcentaje de ilegalidad e informalidad. De acuerdo con el Censo Minero, solo el 37 por ciento de las más de 14.000 unidades de producción censadas cuentan con el amparo de un título. El 75 por ciento de quienes no tienen títulos carecen de instrumentos ambientales para proteger el entorno de su actividad.

No sorprende entonces que, de acuerdo con el mismo informe, seamos el país con mayor contaminación por mercurio en América: unas 180 toneladas anuales de este peligroso elemento. Extraída de esa manera, la riqueza nacional se traduce tanto en irreversibles impactos ambientales –incluyendo la muerte de ríos enteros– como en precarias condiciones laborales de los mineros, en la pérdida de las regalías y en el deterioro social en esos territorios.

A lo anterior se añade la incursión de bandas criminales como los Úsuga y las guerrillas Farc y Eln que controlan enormes operaciones de extracción ilícita en departamentos como el Chocó, Cauca y Antioquia. El propio presidente Juan Manuel Santos afirmó, en julio pasado, que la minería ilegal mueve recursos por 7 billones de pesos al año. Según declaraciones del mandatario, este negocio sería más rentable que el narcotráfico.

No obstante, la falta de claridad de las autoridades entre los distintos tipos de actividades de minería fuera de la ley se ha convertido en un obstáculo para el combate contra este delito. Informal, ilegal, criminal, de subsistencia y tradicional son apellidos que hoy lleva la actividad, pero que confunden tanto a la institucionalidad como a la opinión pública. No son lo mismo el pequeño productor que no cumple con las reglas ambientales que el que explota áreas con retroexcavadoras.

La recién lanzada Política Minera Nacional incluye el anuncio de la expedición este año de la reglamentación que definirá la “gran minería, la mediana minería, la pequeña minería y la minería de subsistencia”. Ya el Plan de desarrollo habla del asunto, clave para poder desplegar políticas específicas a cada segmento y no tratar el ramo como un todo uniforme y homogéneo. En el caso de la formalización, el Ministerio de Minas tiene 11 departamentos priorizados y ha capacitado 4.186 mineros de 1.389 unidades de producción que están en proceso de formalización.

Tras varios años de azote, la percepción negativa del renglón va al alza. Los datos de la encuesta Brújula Minera, presentada en el pasado congreso del ramo, confirman que el concepto “ilegal” es el más asociado hoy a las actividades mineras y está presente en la agenda noticiosa de los medios. Aunque esta es una apreciación injusta, ya que muchas empresas cumplen la ley y pagan sus obligaciones, la generalización es usual.

Pero el mayor reto que representa hoy la creciente minería ilegal recae en el posconflicto. De poco servirán los esfuerzos del país de terminar la violencia si las bandas criminales acaban explotando ilícitamente las riquezas y controlando los territorios. Este desafío supera las empresas mineras y las autoridades del sector y demanda el compromiso de todo el Estado en su conjunto.

Debido a ello, en la posesión del nuevo Ministro de Minas, el propio Juan Manuel Santos le dijo a Germán Arce que una de sus prioridades debería ser esta. Los temas en la agenda del funcionario son muchos, pero este debería encabezar la lista.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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