Las primeras reacciones del Gobierno ante el duro golpe de la caída de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional ratifican acertados mensajes de calma, claridad en las reglas de juego y estabilidad jurídica y económica.
La declaración del presidente Iván Duque en la noche del miércoles pasado no solo resumió los beneficios generados por la hoy hundida norma sino también insistió en la necesidad de cerrarle “el espacio a la incertidumbre”.
En esa misma línea de brindar tranquilidad a la economía, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó ayer que el Ejecutivo radicará ante el Congreso el mismo articulado de la reforma tributaria que aprobaron los legisladores y que tumbó el alto tribunal.
El jefe de las finanzas públicas le apuesta, de esta manera, a una estrategia que no lleva sorpresas al Legislativo y que resiste la tentación de abrir nuevos frentes de batalla. Los congresistas ya conocen el contenido de la iniciativa que las mayorías parlamentarias respaldaron el año pasado.
Claramente, radicar el mismo texto no es óbice para que los legisladores no intenten modificarlo. Al fin de cuentas, una nueva reforma tributaria implica para muchos congresistas una atractiva ventana de oportunidad para introducir, eliminar o endurecer medidas fiscales.
Que el gobierno Duque haya cerrado esa ventana de cambios y otros artículos solo horas después del anuncio del fallo, ratifica que su mirada está en la claridad de los contenidos y en eliminar cualquier atisbo de incertidumbre.
Otro aspecto que destaca la intervención presidencial son los beneficios que la llamada Ley de Financiamiento le generó al país durante su corta vigencia.
El crecimiento por encima del 10 por ciento del recaudo tributario, así como las 8.500 empresas inscritas en el régimen simple son solo dos de los resultados tangibles de la reforma. Logros que engrosarán los motivos que el Gobierno expondrá ante el Congreso al radicar el mismo texto de la norma.
A diferencia del trámite original donde las medidas estaban en el papel, una gran mayoría del articulado ya ha arrancado su implementación y reglamentación. Lo anterior enriquecerá el debate parlamentario con información, datos, recaudos y balances que seguramente el equipo económico del gobierno esgrimirá en la defensa del nuevo proyecto.
Por último, las perspectivas de crecimiento positivo de la economía colombiana, en medio de un entorno regional sombrío, ofrecen un potente marco de discusión para el Congreso.
La Ley de Financiamiento integra una agenda de reactivación económica que el presidente Duque ha impulsado desde su llegada a la Casa de Nariño. Al apostarle a la misma Ley que la Corte hundió, el mandatario invita al Congreso a que garantice la continuidad de sus políticas económicas.
Más allá de las discusiones públicas recientemente generadas por las reformas laborales y de protección a la vejez, tanto el recaudo tributario como el crecimiento económico han mejorado este año. Si bien el impacto en la agenda legislativa se sentirá el año entrante, arreglar este entuerto es la prioridad.
Ahora todos los ojos estarán puestos en el Congreso. El gobierno Duque ha optado por el camino de la certidumbre y de la claridad. Lo mínimo que se espera del Parlamento es una respuesta similar en el trámite de la iniciativa.
Sin desconocer que la discusión es parte central del ejercicio democrático, el texto radicado, ya conocido y aprobado, facilita tanto el trámite más transparente como la ágil identificación de los puntos de discordia.
Una aprobación rápida de la nueva reforma reforzará la tranquilidad de la economía sobre las reglas del juego tributario para los años venideros.
Francisco Miranda Hamburger
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