Ricardo Ávila

Lucha sin cuartel

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
agosto 03 de 2015
2015-08-03 12:16 a.m.
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Una declaración de guerra puede sonar rara por parte de un Gobierno que se dice comprometido con la paz. Pero ese fue el mensaje enviado el jueves pasado por el propio Juan Manuel Santos en Puerto Asís, Putumayo, cuando habló de lanzar una lucha sin cuartel contra la minería ilegal. El objetivo es combatir “un negocio que se calcula puede estar por el orden de los siete o más billones de pesos”, dijo el mandatario.

Veinticuatro horas después, el turno fue para cuatro integrantes del gabinete. Desde la Casa de Nariño, los ministros de Defensa, Justicia, Minas y Ambiente presentaron los elementos de una estrategia que busca solucionar, de una vez por todas, un inmenso dolor de cabeza. Los nuevos componentes, aparte de la acción coordinada de las entidades señaladas y el Poder Judicial, son de orden legal.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo se anuncia una ofensiva en contra de una actividad que ha dejado daños irreparables en vastas zonas del territorio nacional y que financia tanto a la guerrilla como a las bandas criminales. Desde la administración pasada comenzaron los operativos para contener un flagelo cuya incidencia se disparó tras el alza de precios de los bienes primarios y especialmente del oro.

Y es que cuando el metal amarillo empezó a subir desde comienzos del siglo –hasta alcanzar cerca de los 1.800 dólares por onza de 31 gramos–, se dispararon las explotaciones irregulares. El conocido potencial aurífero del país fue aprovechado por decenas de empresarios sin hígados, que instalaron dragas y retroexcavadoras en áreas fluviales y zonas ribereñas para comenzar a remover tierra y rocas.

Entender la magnitud del daño es fácil cuando se tiene en cuenta que para obtener un gramo del metal precioso hay que extraer cerca de una tonelada de material inerte. Muchas de las cicatrices son irreparables, debido a que la capa vegetal se hace a un lado, por lo cual es muy difícil que árboles y plantas vuelvan a crecer en las zonas afectadas. Como si eso fuera poco, está el uso del mercurio que se utiliza para aglomerar el oro y acaba contaminando las fuentes de agua, convirtiéndose en un veneno para la población.

Y, claro, no se puede olvidar que, junto con las explotaciones irregulares, llegan los actores armados. Existe una elevada correlación entre cifras de violencia y desplazamiento con la presencia de la minería, por lo cual es indudable que sus impactos negativos son amplios.

En consecuencia, es obligatorio reaccionar para combatir este cáncer que se encuentra presente en 233 municipios, a lo largo y ancho del país. Aparte de combatir de forma frontal las mafias, que en más de una oportunidad reciben el apoyo tácito o explícito de las autoridades locales, también se busca apoyar a los mineros que desean formalizarse, incorporando buenas prácticas y respetando las normas.

En resumen, de lo que se trata es combinar el garrote y la zanahoria, pero con énfasis en el primero. De tal manera, en cuestión de semanas se debería radicar en el Congreso un proyecto de ley que incluya un endurecimiento de los castigos penales, métodos para endurecer los controles a ciertas sustancias químicas y vías para fortalecer los procesos sancionatorios.

Los beneficios son incuestionables, aunque se centrarían en los departamentos más afectados actualmente: Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó y Nariño. El desafío no es sencillo e incluirá enfrentar las movilizaciones populares, que en otras ocasiones se han utilizado para impedir la destrucción de maquinaria o el cierre de minas.

No obstante, es la única alternativa. Según los cálculos, en el 2013 se liberaron al ambiente 170 toneladas de mercurio, cuyas consecuencias serán sentidas por las generaciones presentes y venideras. Tan solo ponerle coto a ese envenenamiento, justifica librar una guerra que hay que dar. Dure lo que dure y cueste lo que cueste.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto

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