Ricardo Ávila

De malos perdedores

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
agosto 30 de 2012
2012-08-30 01:19 a.m.
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La del martes pasado fue una jornada clave para la seguridad energética del país. Así podría calificarse lo ocurrido en el auditorio Himerio Pérez, ubicado en la sede de Empresas Públicas de Medellín (EPM), en pleno corazón de la capital antioqueña.

Y es que al cabo de una audiencia que duró algo más de cuatro horas, quedó definido el nombre del consorcio ganador que tendrá a su cargo las obras claves de la hidroeléctrica Ituango.

La decisión recayó en CCC, una alianza colombo-brasileña que se impuso con una oferta económica cercana a los 1,9 billones de pesos.

Aunque la firma triunfadora tiene un plazo de 2.080 días (6,3 años) para cumplir con sus compromisos, no hay tiempo que perder.

El proyecto en cuestión es clave para garantizar que Colombia no tendrá dolores de cabeza durante la próxima década, en lo que hace a suministro de electricidad.

Si todo sale como está planeado, para el 2021 –y, de forma gradual, tres años antes– la red nacional de interconexión contará con 2.400 megavatios de capacidad instalada adicional, que equivalen a 16 por ciento del total actual.

Esto será posible gracias a una presa de 225 metros de altura que servirá para almacenar las aguas del río Cauca, las cuales, a su vez, moverán ocho turbinas de gran tamaño.

Teniendo en cuenta que un emprendimiento de tal magnitud no tiene precedentes en Colombia, es fácil imaginar los obstáculos que enfrenta.

De un lado, está el tema de la ingeniería, que incluye un dique que demandará 20 millones de metros cúbicos de roca y concreto en su edificación. Del otro están los asuntos de seguridad, en un área en la cual los grupos violentos han tenido presencia durante décadas. Y como si lo anterior fuera poco, hay que mencionar el manejo de la comunidad o de los interrogantes ambientales.

Tales desafíos, a decir verdad, han sido previstos por EPM, cuya tradición y experiencia son incuestionables.

Al fin de cuentas, la firma paisa ha estado involucrada en un buen número de procesos de este tipo, gracias a su rol como generadora de energía, a lo cual se suma lo que hace en transmisión de electricidad, distribución de agua y comunicaciones.

Por tal razón, en un momento dado se encendieron las alarmas, cuando algunos participantes en el proceso que concluyó hace dos días quisieron sembrar dudas sobre la seriedad del mismo.

A pesar de que este comenzó hace 11 meses y que en su momento quienes adquirieron los pliegos tuvieron la oportunidad de hacer observaciones, no fue sino hasta la precalificación de las ofertas que los descabezados cuestionaron la transparencia de lo hecho.

Y no solo eso.

De manera insólita, uno de los consorcios interpuso una acción de tutela, que podría haber llevado a más demoras en un cronograma que ya presenta un atraso de tres meses.

Adicionalmente, empezaron a correr rumores sobre supuestos favorecimientos, los cuales encontraron eco en más de un medio de comunicación.

En respuesta, EPM rechazó todas y cada una de las acusaciones. También, los principales estamentos del departamento salieron en defensa de una empresa que tiene un bien ganado prestigio no solo a nivel regional, sino nacional.

Sin embargo, lo ocurrido deja un mal sabor. La razón es que las argucias legales -y no los argumentos financieros o técnicos- siguen haciendo presencia en la definición de los grandes contratos de infraestructura.

Reconociendo que cualquier licitación debe estar sometida al escrutinio público y, si es del caso, a la vigilancia y acompañamiento de los órganos de control, es absurdo pretender ganar en los estrados lo que se pierde en los comités de calificación.

Tal inquietud es válida, cuando se anuncia que en el 2013 las inversiones para obras en el país ascenderían a 59 billones de pesos. Es de esperar que en todos y cada uno de los procesos triunfen quienes tengan los mejores ingenieros.

No, los que cuenten con los abogados más hábiles.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

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