El parte entregado por la Andi al dar a conocer los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta que realizan varios gremios, ratifica que los tiempos que corren no son buenos para la actividad manufacturera. Según el informe, la contracción del sector en el primer trimestre fue del 3 por ciento, con lo cual sigue presente una recesión que podría calificarse de prolongada.
Por cuenta de esa situación, el índice de uso de la capacidad instalada bajó al 74,8 por ciento, un punto y medio menos que el promedio histórico. Ante ese descenso, no es sorpresivo que apenas un 53 por ciento de los interrogados en el sondeo calificó la situación de su empresa como buena, una caída de 17 puntos en comparación con un año atrás.
En medio de ese clima complejo, que incluye percepciones más oscuras, tal vez lo más inquietante es que la proporción de firmas que tiene previsto un proyecto de inversión se ubicó en 49 por ciento, el nivel más bajo desde comienzos del 2009 cuando existía el riesgo de una depresión económica mundial. Puesto de otra manera, los industriales no solo pasan una coyuntura difícil, sino que tienen pocas esperanzas de que las cosas mejoren en el futuro.
Una perspectiva así de pesimista fue la que buscó cambiar el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe), dado a conocer a mediados de abril. Mediante estrategias que incluyeron nuevos programas de gasto, rebajas arancelarias a las materias primas y medidas para impulsar la demanda interna, el Gobierno quiso darle un nuevo aire a un área que viene de capa caída.
Si bien los programas anunciados fueron bien recibidos en su momento, las quejas están de vuelta. Aparte de los líos conocidos en el arranque de algunas de las locomotoras de la prosperidad, los representantes de la cadena textil y de confecciones, al igual que de la industria del calzado, han puesto el grito en el cielo ante lo dicho por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el sentido de que piensa modificar el decreto 074 expedido a comienzos de este año.
Como es sabido, la medida impuso una serie de aranceles mixtos para la importación de ropa y zapatos, consistentes en una tarifa mayor, junto a un impuesto ad valorem, liquidado por peso. La justificación de lo hecho por el Ejecutivo fue la evidencia de que una serie de compradores poco conocidos estaba trayendo al país artículos en cantidades masivas, declarando valores inferiores al costo de las materias primas usadas.
La determinación inicial no cayó bien en sectores del comercio organizado. Firmas dentro de las que se encuentran las marcas más conocidas sostuvieron que este era un caso en el cual los justos podrían acabar pagando por los pecadores. Tales planteamientos fueron llevados a la administración Santos, que en su momento se comprometió a revisar eventuales excesos.
Sin embargo, de aprobarse el borrador de la modificación al decreto que cierra su etapa de comentarios hoy, los cambios serían de fondo. Tanto, que gremios como la Cámara Colombiana de la Confección y Acicam sostienen que el nuevo esquema haría inoperante, en la práctica, los mecanismos que se establecieron para proteger a las manufacturas nacionales de la competencia desleal.
La discusión es compleja, pues involucra posiciones arancelarias y fórmulas matemáticas. Debido a ello, al público le queda difícil dilucidar si los supuestos ajustes tienen más veneno del que se dice.
Por tal razón, el Ministerio debe tomar el toro por los cuernos y explicarle a la opinión qué es lo que pretende y por qué. Tampoco estaría de más que presente una evaluación parcial de los efectos del decreto original, en favor de actividades que se han visto deterioradas por los productos importados. De lo contrario, la sensación de arranque, pare y giros inesperados en el Gobierno seguirá presente en un sector industrial que, para recuperarse, necesita certezas, no incertidumbres.