Ricardo Ávila

Medidas de choque

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
octubre 11 de 2013
2013-10-11 02:08 a.m.
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A primera vista, el caso se parece a otros que se han observado en diferentes sectores manufactureros o agrícolas. Según el libreto conocido, un sector de la producción nacional se declara afectado por la entrada masiva de bienes de afuera, ante lo cual el Gobierno decide tomar medidas restrictivas del libre comercio. En respuesta, los importadores aseguran que los costos se van a disparar y que el público acabará pagando los platos rotos.

No obstante, quienes saben del asunto sostienen que la determinación adoptada hace un par de días por la administración Santos, según la cual se le impusieron aranceles que oscilan entre el 21 y el 27 por ciento a tres productos de acero: alambrón, alambrón corrugado y barras corrugadas, se atiene a las provisiones que acepta la Organización Mundial de Comercio. Puesto de otra manera, que el país está actuando dentro de las reglas de juego internacionales, las mismas que otras naciones han usado con frecuencia en el pasado.

Y es que una mirada a las estadísticas de la OMC revela que entre 1995 y el 2012 se han utilizado derechos antidumping en 769 ocasiones, aplicados al acero. De hecho, dicho sector es el mayor usuario del mecanismo, por encima de ramos como el químico, petroquímico o textil. La razón es que es usual que un país venda sus excedentes en otro por debajo del costo, poniendo en peligro la supervivencia de una actividad que muchos consideran clave.

Palabras más, palabras menos, eso es lo que estaría sucediendo en Colombia. En el caso concreto del alambrón, que se usa en la vivienda y la construcción de infraestructura, los dos productores nacionales atendían hace tres años el 64 por ciento del mercado, pero ahora dicha participación ha bajado al 34 por ciento. En toneladas, las compras externas pasaron de 55.290 en el primer trimestre del 2010 a 121.985 entre enero y marzo del 2013. Cuatro quintas partes de ese total provienen de México, mientras que otros vendedores, como China y Japón, aparecen a un distante segundo y tercer lugar.

Como resultado de la situación, las fábricas colombianas –propiedad de conglomerados brasileños– se encuentran en mala situación. Tanto Paz del Río como Diaco han debido recortar planes de producción, además de licenciar personal y cerrar plantas. Los voceros de ambas compañías han insistido en que su futuro está en peligro, un escenario indeseable cuando se tienen en cuenta los más de 7.500 empleos directos que se generan en el ramo.

En respuesta, los importadores –concentrados en tres firmas– sostienen que el país no es capaz de autoabastecerse y necesita comprar parte de sus necesidades de acero. Ante esa realidad, resultaría injusto aplicar un castigo general. Aparte de lo anterior, existen los conocidos argumentos sobre ineficiencias, que reciben el respaldo de más de un analista.

No obstante, el caso presentado ante el Ministerio de Comercio fue sólido, con lo cual este optó por aplicar las decisiones comentadas. Si bien estas son de carácter provisional, todo indica que eventualmente habrá medidas de tipo más permanente en las cuales habrá lo que se conoce como un desdoblamiento de posiciones arancelarias, para no gravar injustamente aquellos tipos de acero que no se elaboran en Colombia.

Pero más allá de esas consideraciones técnicas, es evidente que el país empieza a hacer uso de los instrumentos a los que tiene derecho, sin que ello implique desconocer los principios del libre comercio. Aunque no faltará quien se rasgue las vestiduras, lo verdad es que no somos los primeros en hacer uso de ciertos instrumentos que son válidos, mientras sean debidamente documentados. De hecho, Estados Unidos, en su momento, también impuso medidas compensatorias en contra de la empresa mexicana que tantos dolores de cabeza les ha creado a los productores nacionales, que ahora aspiran a tener un respiro.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto

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