Ricardo Ávila
Editorial

Mejor ambiente regulatorio

Si bien se han dado pasos en la simplificación normativa, aún falta camino por recorrer para lograr una reducción del costo regulatorio en el país. 

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
agosto 16 de 2018
2018-08-16 09:21 p.m.
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En el marco del proceso de ingreso a la Ocde, en los últimos años Colombia emprendió una agenda para mejorar el proceso normativo, guiada por el Conpes 3816 de 2014, que definió los lineamientos para implementar buenas prácticas en la emisión de leyes. Si bien se han dado pasos en la dirección correcta, todavía falta mucho para lograr una verdadera reducción del costo regulatorio.

Es necesario que el Gobierno avance en dos frentes: de un lado, racionalizando las normas existentes y, de otro, propendiendo a que las que se emitan sean construidas usando las mejores prácticas.

Con respecto a las normas actuales, es urgente implementar un programa nacional de desregulación para identificar leyes que han perdido vigencia, son innecesarias o contradictorias entre sí. Es clave vincular el sector privado a este proceso, ya que son las empresas las que conocen de cerca las regulaciones de mayor impacto en el desarrollo de sus negocios. Para esto valdría la pena establecer un sistema de mesas de diálogo transparente con compañías de diversos sectores, experiencia de colaboración público-privada, que ha resultado determinante en procesos exitosos en países como el Reino Unido.

En materia de emisión de nuevas reglas, el Gobierno debe promover la participación de los regulados y garantizar la mayor transparencia en el proceso de producción normativa, para lo cual es fundamental el Sistema Único de Consulta Pública (Sucop), habilitado en periodo de prueba desde mayo de este año. Esta plataforma centraliza la publicación de los proyectos de normas, así como los comentarios a estos, y cuyo uso será obligatorio para las entidades reguladoras a partir del 2019, así como el Gobierno verificar su cumplimiento.

También se requiere extender los estándares mínimos para la divulgación de dichas disposiciones, ya que en la actualidad es obligatorio un periodo de publicación de al menos 15 días solo para aquellas regulaciones expedidas con la firma del Presidente de la República. Las recomendaciones internacionales sugieren que la comunicación de las leyes debería ser por un periodo de mínimo de 30 días, lo cual señala que es acertado promover un lapso más amplio y mayor rango de normas.

La regulación debe estar diseñada de forma que su costo sea compensado por los beneficios que genera, y esto solo puede lograrse si se realiza un análisis previo del impacto previsto. Por esta razón, las entidades reguladoras tienen que llevar a cabo una evaluación cuidadosa de los beneficios y costos asociados a propuestas de nuevas normas, revisando las alternativas disponibles. Una labor esencial del Gobierno es verificar que las que están obligadas a incorporar el análisis de impacto lo hagan puntual y apropiadamente.

El gobierno de Duque ha mencionado, entre sus iniciativas en el frente normativo, la preparación de una ley estatutaria de regulación, supervisión y vigilancia. En efecto, esta podría otorgarle mayor importancia al tema, así como promover la coordinación de la función regulatoria de las entidades públicas. Sin embargo, es fundamental que las estrategias que emprenda el Gobierno a partir de esta ley avancen sobre los pasos construidos en años recientes, para que se puedan consolidar ganancias y conseguir, con mayor rapidez, un mejor ambiente normativo.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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