Ricardo Ávila
Editorial

Menos riesgo, menos costos

El presupuesto de la unidad encargada del tema se acercó a medio billón de pesos el año pasado, y la suma viene en aumento.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
septiembre 12 de 2016
2016-09-12 08:01 p.m.
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No deja de ser curioso que en un país que se precia de haber mejorado sus indicadores de seguridad, existe un grupo importante de ciudadanos que cuenta con esquemas que buscan garantizarles su integridad personal, y cuyo costo va en aumento. De acuerdo con un reporte reciente enviado al Congreso por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo gastado por la entidad adscrita al Ministerio del Interior pasó de 240.389 millones de pesos en el 2012 a 489.096 millones el año pasado, una suma que hasta julio iba en 425.921 millones.

Las cuentas anteriores no incluyen lo que gastan las entidades públicas que cuentan con personal dedicado a este tipo de labores, como la Fiscalía. Tampoco se conoce el número de integrantes de las Fuerzas Armadas que están en este oficio.

Por ahora, lo que se sabe es que el monto citado sirve para cuidar a 6.571 individuos que, en su mayoría, no son servidores estatales. Por ejemplo, exconcejales, exdiputados, exalcaldes, exgobernadores y exministros suman más de un millar, los dirigentes políticos son 147 y los periodistas 140. Hay beneficiarios que pertenecen a organizaciones sindicales, a entidades dedicadas a defender los derechos humanos, o a grupos étnicos.

En cada caso, la asignación de recursos como escoltas, chalecos antibalas y vehículos blindados son, supuestamente, el resultado de un estudio del perfil de riesgo particular. No obstante, la propia UNP señala que “se están generando sobrecostos y redundancias innecesarias en los esquemas de protección, por lo que se hace necesario hacer ajustes”.

Debido a esa irregularidad, vale la pena hacer un llamado para que las autoridades responsables tomen cartas en el asunto. La justificación es que el país está cerca de entrar a una etapa de posconflicto, que ya se nota en los indicadores de violencia. De acuerdo con los cálculos gubernamentales, unos 14.000 integrantes de las Farc, entre guerrilleros e integrantes de las milicias urbanas, se concentrarían en las zonas que servirán de preámbulo a su desarme y posterior reincorporación a la vida civil.

Bajo esa lógica, suena razonable darle una mirada al grado de peligro que enfrentan aquellos que hoy cuentan con la protección estatal. El llamado no parte de la ingenuidad, pues no hay duda de que los factores de riesgo abundan en el territorio colombiano, como lo viene de dejar en claro el paro armado decretado por el ELN en varios departamentos, o el cese de ciertas actividades inspirado por el llamado ‘Clan del Golfo’ que afectó a Montería.

Sin embargo, quienes saben de estos asuntos reconocen que hay excesos. En más de un caso, alguien que no lo requiere recibe un chofer armado que sirve para hacer las diligencias familiares con cargo al presupuesto nacional. En otro, el contar con un número mínimo de escoltas se convierte en un símbolo de estatus que se utiliza no solo para intimidar a los transeúntes, sino para obtener privilegios, o violar las normas de tránsito. Son incontables las denuncias que existen en las redes sociales sobre los blindados que bloquean arterias en cualquier capital, sin importarles los derechos de los demás.

Corresponde a los expertos tomar las determinaciones del caso. Parte de la labor comienza por centralizar la información con el fin de definir parámetros razonables, pues hay costos escondidos en las partidas de personal y servicios generales que vale la pena identificar. Pero incluso con los datos disponibles existen indicios inquietantes como los 260.234 millones de pesos asignados para arriendo de vehículos entre el 21 de mayo del 2015 y el 20 de mayo del 2017.

No obstante, el reto más grande es el de saber resistir las presiones y utilizar solo criterios profesionales a la hora de revisar los esquemas de protección. Si de cerrar venas rotas se trata, aquí se puede aplicar un torniquete con el propósito de que los beneficios de la paz también se noten en este caso.

Ricardo Ávila Pinto
Director Portafolio
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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