Desde hace meses los expertos internacionales han venido advirtiendo que el ciclo de los precios al alza de los productos básicos está llegando a su fin y que, en consecuencia, los países que exportan bienes primarios deben estar preparados para la destorcida. A pesar de las advertencias, parece que en Colombia pocos han tomado nota de la nueva realidad, pues los debates continúan como si la bonanza siguiera presente.
En tal sentido, resulta bienvenido el análisis que hizo ayer en Cartagena el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, sobre el tema de minería y desarrollo sostenible en el país, en el marco del congreso que reúne a las empresas de mayor tamaño en el sector. Según lo expresado en dicho evento por el excodirector del Banco de la República, ya estamos sintiendo un coletazo que bien puede calificarse de fuerte.
Así lo demuestra la caída en las cotizaciones del carbón, el níquel y el oro, que durante el 2013 experimentaron una descolgada del 38, 45 y 8 por ciento, respectivamente. Si bien en algunos casos el impacto fue menor, al existir contratos con vigencias de largo plazo, el bajón no puede pasar desapercibido. Menos todavía cuando la producción también cayó en cada uno de los renglones mencionados.
Por cuenta de esa situación, el aporte de la minería a la economía nacional va en retroceso. Después de que la actividad llegara a representar el 2,3 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2012, el año pasado descendió hasta el 2 por ciento, un peso bastante menor que el que tiene en Chile y Perú. Adicionalmente, las exportaciones cayeron en cerca de 2.500 millones de dólares, perdiendo cuatro puntos porcentuales en las ventas externas del país. Y para completar la foto, la inversión extranjera dirigida al ramo ahora representa 17 por ciento del total recibido, cuando hasta hace poco tenía una participación mayoritaria.
Todos esos elementos indican que, para utilizar la figura, la locomotora minera pierde velocidad. Para muchos, la ralentización puede ser considerada una buena noticia, pues una parte importante de la opinión considera que, en el balance de costos y beneficios, el saldo no es positivo. Ello, sin incluir la postura ambientalista más extrema, de acuerdo con la cual se debería prohibir la extracción de recursos del subsuelo.
Sin embargo, Fedesarrollo hace el esfuerzo de mirar el asunto en perspectiva. Así, acepta que parte de los cuestionamientos que van desde el daño ecológico hasta los pobres indicadores de bienestar social que muestran algunos de los municipios que albergan yacimientos que están siendo explotados, tienen sustento en la realidad. Al mismo tiempo, señala que en más de una ocasión ese atraso relativo tiene que ver con condiciones existentes y con procesos migratorios asociados a la nueva riqueza.
Igualmente, la entidad destaca los beneficios derivados de la minería. Entre estos cita los ingresos que reciben la Nación y las regiones, atribuibles a impuestos y regalías. También menciona los encadenamientos productivos y la generación de empleo que supera la de los hidrocarburos.
Pero quizás el aporte más importante es insistir en que el dilema no puede plantearse de forma simplista, entre proscribir o fomentar el crecimiento del sector. Por tal razón, el mensaje es que hay que contar con instituciones y reglas del juego que garanticen la sostenibilidad social y ambiental, la mitigación de los costos y las compensaciones para las comunidades afectadas.
En conclusión, el desafío de ordenar la toma de decisiones y la fijación de políticas es grande, pues se corre el riesgo de desestimular la presencia de aquellas empresas que cumplen con las normas, justo cuando el viento ha cambiado de dirección. En la medida en que haya orden y claridad, será posible luchar con más contundencia contra la minería ilegal, que es el verdadero enemigo. Ojalá ese mensaje caiga en tierra fértil.
Ricardo Ávila Pinto
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