Ricardo Ávila
Editorial

¿Otra cuenta por pagar?

El anunciado fallo sobre las madres comunitarias, en manos de la Corte Constitucional, puede llevar a un descalabro fiscal.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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POR:
Ricardo Ávila
septiembre 05 de 2016
2016-09-05 07:53 p.m.
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Aquello de que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, podría aplicársele a los posibles efectos de un fallo de la Corte Constitucional, cuyo texto está pendiente de conocerse. En el peor de los casos, la determinación se convertiría en un verdadero averno fiscal, pues crearía obligaciones que se tasarían en billones de pesos, justo cuando la situación de las finanzas públicas es, a todas luces, crítica. Debido a ello, las caras de preocupación abundan en el Ministerio de Hacienda, ante la eventualidad de tener que reconocer una obligación que no estaba en las cuentas de nadie.

El veredicto fue anunciado a finales de agosto por el alto tribunal y tiene que ver con una acción de tutela interpuesta por un grupo de 106 madres comunitarias, que le exigieron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el pago retroactivo de prestaciones sociales y aportes pensionales. A pesar de que la entidad argumentó que no existía una relación laboral con el grupo de demandantes, la Corte dijo que, en la práctica, opera un “contrato realidad”.

La controversia está relacionada con la figura de los hogares comunitarios, que nació en 1988, y cuyo propósito fue desarrollar un esquema de atención a los niños de cero a siete años de edad por parte de una persona del mismo barrio o asentamiento. A cambio, la responsable recibía una beca que cubría ciertas necesidades de dotación del lugar utilizado, lo requerido para la alimentación de los infantes y una suma que equivalía hasta el 70 por ciento del salario mínimo mensual.

"El anunciado fallo sobre las madres comunitarias, en manos de la Corte Constitucional, puede llevar a un descalabro fiscal".

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En un principio, el dinero se les entregó a asociaciones de padres, pero con el paso del tiempo aparecieron operadores especializados: entidades sin ánimo de lucro, escogidas y sujetas a auditoría por parte del Icbf. El dinero con destino a las madres por cuenta de su labor, aumentó en sucesivas oportunidades, y en el 2014 quedó en un salario mínimo, con todas sus bonificaciones.

Más allá de las bondades del programa, que ha servido para mejorar la calidad de vida de millones de niños colombianos y sus padres, desde hace años han tenido lugar esfuerzos para cambiar el estatus de las encargadas de los hogares comunitarios. La postura más extrema es la que las asocia a personal docente, con la justificación de que su rol se asemeja al que presta un educador, y que el gran financiador del esfuerzo es el presupuesto nacional.

Por su parte, el Instituto contesta que eso no es cierto, pues las fuentes de fondos son variadas y comprenden a los padres usuarios del servicio. Además, se señala que la Corte Constitucional ha fallado en ocho oportunidades anteriores, negando que exista un vínculo laboral. La figura del ‘contrato realidad’ se ha invocado, pero para atribuirle responsabilidades al operador.

"Las cuentas sobre las implicaciones
de lo que diga el alto tribunal comi- enzan en 5,2 billones de pesos que no están apropiados".

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Todo eso puede cambiar si el tribunal decide hacer borrón y cuenta nueva, aunque vale la pena señalar los riesgos financieros. Por ejemplo, si lo que se decide es abrir la puerta para reconocer el componente salarial y prestacional de forma retroactiva, la cuenta sería 5,2 billones de pesos. En caso de que a lo anterior se le incluya la parte pensional, para un universo de 74.665 madres comunitarias, ese valor subiría a 11,5 billones.

La factura puede ser todavía mayor si se agregan intereses de mora, o si otros actores como las madres sustitutas, los cogestores de prosperidad social, los que se desempeñan en hogares infantiles, logran reconocimientos similares. Un cuarto de millón de personas podría reclamar beneficios similares, con cargo al erario.

Atender una obligación de la magnitud descrita obligaría no solo a aumentar los impuestos, sino a recortar el radio de acción del Icbf, cuyo presupuesto anual es de 5,4 billones de pesos. Ello podría dejar desprotegidos a miles de niños, cuyo cuidado depende en todo, o en parte, de la acción estatal. Por tal motivo, es de esperar que la Corte haga bien sus cuentas, no vaya y sea que por proteger a unos, acabe desamparando a otros.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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