La aclaración del Consejo de Estado sobre la posibilidad de desarrollar los proyectos piloto de ‘fracking’ es una victoria de la línea de la prudencia. Al dejar la puerta abierta para estos experimentos, los magistrados permiten avanzar en un camino en el que se contará con más información para la toma de decisiones definitiva.
Es asimismo importante tener en consideración que esta decisión judicial no le abre de inmediato la puerta a la controversial técnica del ‘fracking’. El alto tribunal da vía libre a los proyectos piloto integrales de investigación (PPII), recomendados por el Comité de Expertos convocados por el Gobierno Nacional.
Estos pilotos son experimentos científicos y técnicos controlados que permitirán conocer más el potencial y dimensionar con mayor exactitud los impactos y los efectos generados por la aplicación de esta técnica de explotación petrolera.
Estos proyectos piloto requieren de varias etapas y de un trabajo previo de preparación. Son diversos los frentes sobre los cuales las empresas petroleras deben trabajar en el desarrollo de estos experimentos: la construcción de una línea base social y ambiental, transparencia en la información, participación ciudadana, evaluación de las tecnologías, regulación y fortalecimiento institucional.
En otras palabras, no se trata de que mañana ya habrá ‘fracking’ en el territorio nacional. Por ejemplo, en el caso de Ecopetrol en el Magdalena Medio, el piloto tomaría un año en arrancar mientras se ‘chulean’ todos los requisitos.
Sería iluso desconocer que una buena proporción de colombianos opina que estas técnicas de explotación de hidrocarburos constituyen una grave amenaza al ambiente. Asimismo que las decisiones de política energética del país deberían apuntar hacia una matriz más limpia con menos petróleo y más opciones de energías renovables.
Este bloque de compatriotas- que incluye a populares dirigentes políticos y connotados ambientalistas- prefiere cerrar de un portazo cualquier posibilidad de aplicación del ‘fracking’.
Al otro lado de la discusión están no solo el sector de hidrocarburos sino también el Gobierno Nacional. En el caso de este último, la preocupación es fiscal: las exportaciones de crudo y productos derivados representaron el 41 por ciento de las ventas externas colombianas en el primer semestre de este año.
El desarrollo de los llamados yacimientos no convencionales mediante esta técnica se traduciría en ingresos de unos 14 billones de pesos anuales.
También se debe incluir en el debate la cuestión de la autosuficiencia y sus consecuencias en la seguridad energética nacional. Las reservas actuales de crudo están calculadas en 6,2 años y las de gas en menos de una década. Que Colombia pase de exportador a importador neto de combustibles sería catastrófico en muchos más aspectos sociales y económicos que en las cuentas fiscales.
La decisión final de permitir el ‘fracking’ aún no está tomada. El pulso entre sus detractores y promotores continuará en los estrados judiciales, los medios de comunicación, las universidades, el Congreso, las comunidades, los despachos gubernamentales y los grupos de interés social y ambiental.
Sin embargo, cabe destacar la hoja de ruta que estos distintos sectores están transitando hacia esa crucial definición de política energética. No se podría afirmar al corte de hoy que Colombia no está analizando y evaluando con juicio y responsabilidad la decisión de avalar el ‘fracking’.
Tampoco se podría señalar que la institucionalidad le esté fallando a la sociedad en la generación de los espacios legítimos para este debate como las Cortes. Acertó el Consejo de Estado al permitir que los pilotos alimenten con datos, impactos y transparencia una mejor toma de la decisión.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
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