Ricardo Ávila

¿Persiguiendo titulares?

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
octubre 24 de 2012
2012-10-24 01:29 a.m.
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El lunes pasado, un comunicado emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) causó cierta sorpresa en los medios informativos.

El escrito afirmaba que la entidad “ha recibido de los entes de control y, en especial, de la Contraloría General de la República un tratamiento justo y respetuoso, sin que en ningún caso se hubiesen presentado presiones indebidas o actos que puedan entenderse como coadministración o intromisiones ilegítimas en los deberes y tareas asignadas”.

Para quienes saben leer entre líneas, en el texto había implícito un ofrecimiento de disculpas públicas a la contralora Sandra Morelli. Esta, en una carta dirigida al Procurador General, Alejandro Ordóñez, le había pedido días antes investigar al presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien supuestamente ha argumentado el tema del control fiscal para justificar las demoras en decisiones que impactan al sector de la infraestructura.

No es la primera vez que la funcionaria esgrime el garrote para hacer valer sus puntos de vista.

Son conocidas las diferencias que tiene con la Fiscalía –también ventiladas en la Procuraduría– al señalar que es lenta en sus investigaciones contra la corrupción, aparte de meterse con la eficiencia del ente investigador. También se sabe de su enfrentamiento con algunas de las altas cortes, por cuenta del ‘carrusel de las pensiones’.

Tales peleas refuerzan la imagen de la Contralora como una mujer aguerrida que no tiene pelos en la lengua a la hora de ‘cantarle la tabla’ a quien sea, con tal de deshacer entuertos y destapar ollas podridas.

Desde los escándalos de la salud, hasta los líos con el medio ambiente, pasando por más de un desbarajuste institucional, han sido señalados por esta abogada que ha roto con el molde politiquero que identificó a muchos de sus predecesores.

El problema es que en medio de la lucha contra la venalidad, Sandra Morelli ha caído en la trampa de la exposición mediática.

A sabiendas de que los micrófonos de la radio, las cámaras de la televisión y las páginas de los periódicos tienen espacio disponible para quien acuse aquí y emplace allá, la Contraloría de hoy hace mucho ruido y encuentra pocas nueces.

Lo anterior no quiere decir que a veces le falte razón.

El aberrante juego de ciertos magistrados para asegurarse que sus subalternos se jubilen con millonarias mesadas produce repugnancia y es merecedor de todas las denuncias posibles.

Pero así como la Contraloría dice verdades en muchas ocasiones, en otras lo hace a medias y, de vez en cuando, da pasos en falso.

Así le ocurrió hace poco, cuando se fue lanza en ristre contra una iniciativa que ha despertado polémica, que consiste en desviar el cauce del río Rancherías en La Guajira, para poder extraer unos 500 millones de toneladas de carbón del lecho del afluente.

El problema es que la obra se iniciaría dentro de cinco años y la empresa que la evalúa no ha decidido todavía si el proyecto vale la pena, tras lo cual se le presentarían las solicitudes para obtener los permisos del caso a las autoridades ambientales.

Ahora, si esa petición se hace, la pregunta es quién será capaz de aprobarla cuando la Contraloría dejó clara su oposición radical a la idea. Ese es el motivo por el cual se afirma que el ente de control se ha vuelto coadministrador de la función pública, tanto por acción como por omisión.

Con la admonición del “usted verá” –y la amenaza del juicio fiscal– tiene la potestad de detener o modificar cualquier obra, así se encuentre sustentada técnicamente.

Nada de eso le conviene a un país que necesita mayores inversiones estatales y privadas.

Y es que una cosa es luchar contra la corrupción y otra volverse un palo en la rueda, intimidando a los funcionarios honestos, algo que pasa con excesiva frecuencia con la abogada Morelli, quien –por perseguir titulares– poco distingue entre justos y pecadores.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

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