Ricardo Ávila

Plan para salvar el Plan

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
mayo 24 de 2013
2013-05-24 02:15 a.m.
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En medio de un gran desconocimiento entre los bogotanos, se discute actualmente en la capital del país la revisión de la norma de normas urbanas para la ciudad: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Tras una inversión de unos 5.800 millones de pesos, las autoridades distritales radicaron en el Concejo el proyecto de “modificación excepcional” de este el pasado 2 de mayo.

Dado que la iniciativa contempla drásticos cambios a las reglas de construcción y organización del territorio capitalino, las polémicas sobre algunos de sus puntos no se han hecho esperar.

Para cualquier urbe, la forma como administra su suelo es una de las claves tanto para su desarrollo económico como para sus niveles de equidad social.

Junto a este ordenamiento están las regulaciones necesarias para delimitar en qué zonas se impulsará el crecimiento de viviendas, cuáles áreas merecen protección especial, qué tipo de actividades se permiten en qué barrios y dónde deben ubicarse los distintos equipamientos como hospitales, cementerios y centros educativos, así como la infraestructura de vías y transporte público.

En otras palabras, el documento en debate hoy en el Cabildo tiene el poder de transformar Bogotá en muchos aspectos urbanísticos.

El proyecto presentado por el alcalde Gustavo Petro refleja la postura ideológica que ha defendido desde su campaña. Para el burgomaestre, la ciudad debe densificar el llamado “centro ampliado” y compactarse.

Así mismo, la meta es apalancar la construcción de vivienda social con cobros a los privados e introducir el fenómeno del cambio climático dentro del ordenamiento territorial. En esa dirección, la iniciativa de la administración distrital propone transformaciones abruptas que incluyen eliminación de normas, de las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) y de las restricciones a las mezclas de usos, entre otros.

Esta apuesta ambiciosa despertó la primera crítica: los cambios que persigue la Alcaldía son tan profundos que desbordarían la sola “modificación” para constituir un nuevo POT, lo que no está permitido aún.

Más allá de ese debate legal, el proyecto adopta una serie de normas cuyos efectos van desde la incertidumbre hasta el desestímulo para el sector constructor y la ciudadanía en general. Por ejemplo, dentro de la filosofía de densificar y no promover el uso del carro particular, el Distrito pretende poner límites a los parqueaderos en las nuevas edificaciones, permitir la mezcla de usos de suelo en toda la ciudad, aumentar las cargas a los constructores para nuevos proyectos, así como restringir el crecimiento en el borde norte y occidental del perímetro urbano.

Cada una de estas medidas, dentro de muchas que incluye el articulado, desataría una serie de impactos que la administración Petro no ha sabido explicar a los bogotanos.

La razón de esta falencia es doble: porque la comunicación ha sido torpe y también porque, en algunas decisiones, hacen falta estudios técnicos y planes de transición que acompañen las reformas. Esa ausencia de claridad en el grado de los impactos de las nuevas normas, los costos de adoptar nuevos parámetros y la manera de estimar sus efectos es una dura y justificada crítica al POT que proviene de voces como la Contraloría Distrital y la Veeduría.

La discusión del POT es de tal trascendencia que el alcalde debería resistir la tentación de repetir su libreto conocido contra los contradictores, especialmente los del sector privado. Los constructores tienen críticas al proyecto porque afecta su actividad y sus expresiones son legítimas.

Como también es legítima la preocupación de los habitantes de los barrios que no quieren la entrada de gran comercio a sus calles o la de los analistas que alertan sobre el eventual caos en una ciudad con todos los usos en cada cuadra.

Al igual que en otras ocasiones, la administración distrital enfrenta el doble desafío de persuadir a la ciudad de sus iniciativas y de trascender la ideología para cuantificar impactos, estimar costos y alcanzar acuerdos políticos.

Por su parte, el Concejo, afectado por acusaciones de corrupción en algunos de sus miembros, tiene la oportunidad de reivindicarse con la ciudadanía haciendo una discusión seria y adoptando modificaciones que permitan que el paso que se dé sea hacia adelante y no hacia atrás.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

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