Quienes disfrutan leyendo entre líneas, encontraron sorpresas en la actualización del Plan Financiero del 2014, que diera a conocer hace una semana el Ministerio de Hacienda. El documento, que resume el comportamiento previsible de los principales rubros de ingresos y gastos del sector público, tenía como mensaje central señalar una mejoría de las cuentas fiscales.
En efecto, tanto el déficit del Gobierno Central como de las entidades descentralizadas se encuentra bajo control y debería llegar, en conjunto, al equivalente del 1,3 por ciento del Producto Interno Bruto, continuando la senda descendente de los años pasados.
No obstante, los analistas no dejaron de notar que el cálculo de los recaudos tributarios mejoró, tanto porque se espera un buen comportamiento del impuesto Cree –que tendrá plena vigencia en este ejercicio– como por otros factores que incluyen un aumento en el supuesto de tasa de cambio. El mayor valor del dólar debería influir en lo que se obtenga de las importaciones, por aranceles y por IVA.
Pero quizás, lo que más llamó la atención fue el planteamiento de que el faltante que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) será capitalizado por la Nación. De hecho, esta ya hizo un aporte por 1,88 billones de pesos que salieron de una emisión de Títulos de Tesorería (TES) por el mismo valor, a la cual se le sumará otra contribución por 1,32 billones de pesos, mediante un mecanismo similar.
En consecuencia, el saldo en rojo que existía con corte al tercer trimestre del 2013 en el mencionado Fondo quedará en cero, aprovechando una autorización incluida en la ley de presupuesto aprobada a finales del año pasado. Si bien existe la posibilidad teórica de que esos 3,2 billones se recuperen algún día, la factibilidad de que ello pase es baja, por no decir ninguna.
La razón formal es que hoy en día el Fepc no tiene cómo generar excedentes. Una sentencia reciente de la Corte Constitucional, que declaró inexequible un acápite de la ley que le dio vida al plan de desarrollo de la actual administración, implica que el precio de la gasolina que se vende en Colombia –tanto corriente como diésel– tiene que ser igual o inferior a su nivel de paridad. En otras palabras, el valor del galón de combustible nunca puede dar ‘utilidades’, de manera que si se genera una pérdida no se puede cubrir.
Y eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo. Más allá de las conocidas quejas de los consumidores sobre lo que cuesta tanquear un vehículo en Colombia, el aumento en las cotizaciones del petróleo ha hecho imposible alcanzar el punto de equilibrio de forma sostenida. Por ello, se ha generado un saldo en rojo enorme, pues aparte de los 3,2 billones mencionados, hay otros 1,1 billones al descubierto, a los que eventualmente se les aplicará la fórmula ensayada.
Para completar el preocupante panorama, las cosas no comenzaron bien en el 2014. Según el Ministerio de Minas, la gasolina corriente debería costar hoy 543 pesos por galón más de lo que vale, mientras que el incremento de la diésel tendría que ser de 746 pesos. En ambos casos, la devaluación del peso tiene mucho que ver, pero también influyen los precios del petróleo.
Lo anterior deja en claro que, lejos de desmontarse, la política de subsidiar los combustibles sigue vigente, así sea por la puerta de atrás. Y mientras el Ejecutivo no tenga la capacidad de hacer reajustes mayores, lo cual es muy difícil en plena época electoral, y puede alborotar al gremio de los camioneros con los cuales se ha convenido congelar el acpm, el hoyo seguirá creciendo. Además, convencer al Congreso de cambiar la situación, es casi un imposible político. Por tal motivo, se puede afirmar que un monto inmenso de los recursos públicos se destinará a este propósito, algo que es, a la vez, absurdo y lamentable, aun si las cuentas fiscales han mejorado.
Ricardo Ávila Pinto
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