Ricardo Ávila

¿Pleito o entendimiento?

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
febrero 03 de 2015
2015-02-03 03:30 a.m.
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No pintan bien las cosas para el proyecto del túnel de La Línea, cuyo contrato de construcción fue declarado en estado de caducidad por el Invías la semana pasada. La razón es que ninguna de las opciones que existen es buena y todas apuntan a que la iniciativa –clave para mejorar la movilidad en una carretera crucial para la economía– costará mucho más de lo había sido presupuestado y tardará años en entrar en servicio.

Ese no parecía ser el caso en abril del 2009, cuando empezaron a correr formalmente los tiempos, después de que la Unión Temporal Segundo Centenario que triunfó en la licitación se comprometiera con los términos de su oferta. Esta era la de una obra llave en mano por valor de 629.052 millones de pesos de la época. El mensaje enviado a la opinión era que el constructor recibiría esa suma y nada más, asumiendo los riesgos propios del emprendimiento.

Lamentablemente, como ha ocurrido tantas veces en Colombia, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Con el paso de los meses empezaron a aparecer los problemas, a pesar de que el Gobierno giró la mayoría de la suma citada. En su momento, el ingeniero Carlos Collins, cabeza visible del grupo encargado, sostuvo que las especificaciones originales cambiaron en forma sustancial y eso se tradujo en un insostenible incremento en los costos.

Sin entrar a repetir los argumentos de lado y lado, el Invías sostiene que el avance del proyecto va en 75 por ciento. Es cierto que la excavación principal, de 8,6 kilómetros de longitud, está prácticamente terminada. Pero eso no ocurre con los 23 puentes y 18 túneles adicionales que son necesarios para poder transitar por dentro de la cordillera, sin hablar del equipamiento que forma parte de otra ruta crítica.

Ante ese diagnóstico, la pregunta es qué se debe hacer para terminar el tramo en el menor tiempo posible y sin que la cuenta se dispare a la estratosfera. En respuesta, el Gobierno asegura que lo que ha hecho es atenerse al contrato. Tras los incumplimientos, no parece tener una salida diferente a la adoptada, para no ser acusado de negligencia.

En un escenario ideal, debería existir la posibilidad de sustituir constructores con rapidez.

Lamentablemente en la realidad las cosas no son así, pues hay términos que se deben respetar, incluso si se encuentran mecanismos para hundir el acelerador. Quienes saben de estos temas aseguran que las cosas tardarían al menos cuatro meses en avanzar, aunque hay otros que hablan de hasta dos años.

Como si eso fuera poco, se requiere un mantenimiento mínimo de lo que se ha hecho. En una zona geológicamente inestable, como el ramal central de los Andes que divide al Tolima del Quindío, existe el peligro de derrumbes internos, a menos que se tomen medidas preventivas. De lo contrario, miles de millones de pesos quedarían enterrados en el corazón de la cordillera.

Por tal motivo, sigue presente la opción de llegar a un entendimiento con la Unión Temporal. Esta tiene de positivo que los mismos ingenieros y obreros que hicieron su parte, tendrían oportunidad de completarla.

No obstante, para que eso pase habría que adoptar mecanismos que eviten nuevos incumplimientos o un mayor desfase financiero. Collins, que es descrito como un contratista muy difícil, estaría obligado a aceptar una supervisión estrecha. Aparte de dinero, el impedimento en contra de una eventual solución es la falta de confianza y esta solo se podrá recuperar con realidades, no con promesas.

Cualquiera que sea la salida, ojalá no se demore. Y es que aparte de que los aplazamientos posponen otra vez las mejoras esperadas en competitividad que tanto a afectan a la economía nacional, no hay que olvidar que hay que pensar en el segundo túnel de La Línea. Algo que solo será posible si en el primero se comienza a ver la luz al otro lado.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto

 

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