Los colombianos tienen múltiples temas en la cabeza, pero a la hora de hablar de los asuntos nacionales hay dos que lideran la lista, por lo menos cuando se miran las preocupaciones de corto plazo. El primero es la celebración del plebiscito del próximo 2 de octubre, que decidirá la suerte de lo pactado con las Farc en La Habana. El segundo es la reforma tributaria, que será presentada al Congreso pocos días después y que deberá cumplir el triple objetivo de aumentar los recaudos, simplificar las normas y elevar la competitividad del país para atraer inversiones locales y foráneas.
Más de un dirigente de oposición ha tratado de establecer una conexión entre uno y otro punto, al señalar que el precio del posconflicto se verá en una cascada de impuestos. Sobre esto, vale la pena citar lo escrito por Fedesarrollo en la más reciente edición de Tendencia Económica: “se trata de una reforma indispensable con o sin acuerdo, que se origina fundamentalmente en la virtual desaparición de los ingresos petroleros con los que contó el Gobierno colombiano durante el período de auge de los precios de los productos básicos entre 2003 y 2014”.
Ya habrá tiempo de comentar el texto que radique el Ejecutivo en el Capitolio, en menos de un mes. Por ahora, basta recordar que los analistas consideran que cruzarse de brazos llevaría a las finanzas públicas a una especie de despeñadero, pues no solo el déficit fiscal se dispararía hasta llegar a superar el equivalente del 6 por ciento del PIB en el 2020, sino que la deuda gubernamental, también superaría, de lejos, los parámetros de lo aconsejable.
Sin embargo, el debate no será fácil, dada la poca legitimidad que cualquier intento de aumentar los tributos tiene en la mente de los contribuyentes. Si la gente considera que el sacrificio que se le pide irá solamente a aumentar la repartición de la conocida ‘mermelada’, existirá el riesgo de protestas populares que no dejarán de ser ignoradas por los parlamentarios.
Y ese posible dolor de cabeza se suma a inquietudes más inmediatas. Estas tienen que ver con la pobre dinámica de los recaudos de impuestos en lo que va del año. En agosto, la tesorería recibió siete billones de pesos, un crecimiento de apenas 1,4 por ciento con respecto a igual periodo del 2015. En el acumulado, el aumento es mayor, del 3,6 por ciento, pero si se descuenta el efecto de la inflación, se observa una contracción en términos reales.
Tal como están las cosas, los expertos pronostican que será imposible llegar a la meta fijada para el 2016. De tal manera, el desfase sería de unos tres billones de pesos, según Fedesarrollo, los cuales deberán llevar a un nuevo tijeretazo en el presupuesto nacional para no desviarse de las metas fijadas sobre el déficit fiscal. Esa no es una buena noticia para el Ministerio de Hacienda, al que no le quedará más remedio que poner a las demás carteras en cintura.
Al examinar en dónde están los problemas, salta a la vista que el lío se encuentra en lo que se conoce como los impuestos externos, en los que se había proyectado un aumento sustancial, pero que muestran una importante descolgada. El renglón genérico de aduanas va en 12,5 billones recogidos hasta agosto, un bajón de 3,3 por ciento, en comparación con el año pasado. La razón no es otra que el desempeño de las importaciones, que muestran una reducción mucho mayor que la esperada, como consecuencia del debilitamiento de la economía.
No obstante, más allá del motivo individual, el mensaje de fondo es que la estrechez de las finanzas públicas seguirá presente, y que será obligatorio no solo raspar la olla, sino reducir el tamaño de la porción del gasto. Debido a ello, el margen de maniobra en ausencia de una reforma tributaria sería nulo. El desafío va a ser convencer a los colombianos de que deben tomarse la medicina, a pesar de que los expertos insisten en que dejar que progrese la enfermedad es la peor salida de todas.
Ricardo Ávila Pinto
Director Portafolio
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