Es irónico que una empresa que llegó a ser la multinacional de construcción más grande de América Latina, sea la responsable de sacudir hasta los cimientos a las instituciones políticas de la región. Y es que las revelaciones en torno a los sobornos de Odebrecht no se detienen, ocasionando verdaderos terremotos políticos para los gobiernos del área, desde México hasta Argentina.
El más reciente ejemplo tuvo lugar en Colombia, después de que el Fiscal General informó el martes que, según el testimonio del exsenador Otto Bula, un millón de dólares habría entrado a la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014. La Casa de Nariño rechazó de manera contundente la afirmación, pero dirigentes de todas las pelambres se apresuraron a pescar en río revuelto, haciendo de adalides de la moral.
Los observadores no dejaron de subrayar que la sombra de duda se extiende al Centro Democrático, en donde Óscar Iván Zuluaga también ha sido cuestionado tras conocerse que la compañía brasileña habría sufragado buena parte del costo del asesor que este usó para enfrentarse al actual mandatario. Más allá de lo que revelen las investigaciones, la reputación del Gobierno y del principal partido de oposición ha salido golpeada por cuenta de filtraciones y testimonios.
El peligro es que los partidos crean que este es un tema pasajero, pues ello les abre las puertas a las opciones populistas.
COMPARTIR EN TWITTERCuál será el resultado de la madeja que apenas comienza a desenredarse, es imposible de predecir. De un lado, están los procesos individuales que, en más de un caso, terminarán en penas severas de prisión, pues la opinión exige castigos ejemplares.
Para que ello suceda se requiere, claro está, que las pesquisas avancen y sea identificada la estructura criminal que se benefició del dinero entregado. Quienes creen que enterrar el caso es una posibilidad, olvidan que las declaraciones obtenidas en jurisdicciones como las de Brasil o Estados Unidos se conocerán, lo cual presionará a fiscales y jueces aquí para que demuestren que el sistema opera.
No falta incluso quien habla de una especie de emulación entre sistemas judiciales. Perú, posiblemente, capturará al menos a un par de expresidentes, mientras que en República Dominicana, Panamá y Argentina, los procesos avanzan, para solo mencionar algunos ejemplos. Tan solo en Venezuela y, en menor grado, en Ecuador pareciera que no existe la diligencia que se ve en otras latitudes.
Pero más allá de la lista de personas eventualmente privadas de la libertad, lo más importante es lo que suceda en el terreno político. Un electorado que ha perdido confianza en sus dirigentes requiere de hechos y no de promesas a la hora de volver a creer en ellos.
En tal sentido, la presente es una oportunidad. Limpiar las costumbres exige medidas que pasan por normas más estrictas y mecanismos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas. De particular importancia es abordar la financiación estatal de las campañas, con el fin de que se acabe el abominable maridaje entre empresarios que financian a un determinado candidato y recuperan lo ‘invertido’ a través de la contratación pública.
Sin embargo, el riesgo es evidente. Si las colectividades más importantes creen que este es un asunto pasajero y que después de los castigos las cosas volverán a ser como antes, el peligro de que llegue al poder alguien que juegue sus cartas en contra del establecimiento es enorme.
Sobre el papel, no tiene nada de malo que una figura con poca trayectoria y que prometa poner orden en la casa sea la que surja. Lamentablemente, la historia de Latinoamérica está llena de ejemplos de populistas que dijeron una cosa e hicieron otra, desde Hugo Chávez hasta Alberto Fujimori.
Evitar que el remedio sea peor que la enfermedad es imperativo. En caso de que este escándalo se vaya en acusaciones mutuas sin que nada cambie, el país se expone a un salto al vacío. De ahí que no hay opción diferente a hacer la cirugía de fondo, que por décadas hemos aplazado.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto