Ricardo Ávila

Predicar y aplicar

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
agosto 01 de 2012
2012-08-01 01:02 a.m.
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Hace un par de días, la contralora general, Sandra Morelli, les dirigió a los 4.200 empleados de la entidad una breve comunicación que de forma, textual decía: “me parece muy gratificante para todos y cada uno de ustedes, los resultados de la Encuesta realizada por Ipsos Napoleón Franco y publicada el 29 de julio por la revista Semana, toda vez que la Contraloria se ha situado en el cuarto lugar de favoabilidad y aceptación, luego de las fuerzas armadas, los medios de comunicacion, y la Procuraduria”.

Más allá de los sucesivos errores de ortografía, era evidente el orgullo de la funcionaria por mantener en buenas posiciones el prestigio de una institución que tiene como función central –según la Constitución– vigilar “la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación”. Parecería que los colombianos ven con buenos ojos una labor que se ha centrado en cerrarle el paso a la corrupción, el tema que en todos los sondeos ocupa los primeros lugares entre las preocupaciones de la ciudadanía.

Eso, sin lugar a dudas, es bueno. Gracias a Morelli, la Contraloría ha dejado de ser el botín político de otros tiempos, en los que las cuotas políticas importaban más que la protección de los recursos estatales. Al cabo de dos años de gestión esta abogada de la Universidad Externado de Colombia, quien fuera conocida como una estudiante brillante, ha demostrado una gran dedicación a las labores propias de su cargo.

Además, ha hecho gala de mucho valor al meterle el diente a temas espinosos que van desde el escándalo de la salud, hasta las pensiones de la rama judicial.

Al calificar la gestión de la Contralora, es usual escuchar adjetivos como “carácter” e “independencia”, algo de lo que no necesariamente hacen honor sus predecesores.

Esas son, quizás, las razones por las cuales es poco querida en el Congreso, pues los parlamentarios saben que con ella no se habla de hojas de vida o recomendaciones.

Pero, al mismo tiempo que recibe elogios, Morelli también es objeto de críticas.

Tal vez, la más usual tiene que ver con su personalidad impulsiva, la misma que ha llevado a un buen número de colaboradores cercanos a renunciar o a la funcionaria a hacer juicios de valor, que en ocasiones no están bien fundamentados.

No faltan tampoco los que señalan decisiones cuestionables, como la de imputarle cargos por responsabilidad fiscal por daño al patrimonio natural a la plana directiva de Ecopetrol, al igual que a algunos contratistas privados.

El motivo fue la rotura del oleoducto Caño Limón- Coveñas en diciembre del 2011, en jurisdicción del municipio de Chinácota, en Norte de Santander, un evento que según el ente de control era evitable.

El impacto de tal decisión, con respecto a una tubería que ha sido volada en decenas de ocasiones por la guerrilla, puede afectar la buena marcha de una empresa que no solo es el principal activo estatal, sino que tiene miles de accionistas particulares.

Aunque los casos tienen sus respectivas características, hay que mirar cómo ha sufrido Petrobras en Brasil por cuenta de la injerencia de ciertos poderes públicos, con lo cual ha perdido lustre la que fuera considerada la joya de la corona del gigante suramericano.

Por último, hay que someter a escrutinio ciertas decisiones cuestionables de Morelli, que incluyen una ampliación de la planta de la institución, al igual que un oneroso contrato de arrendamiento por 2.515 millones de pesos mensuales para alojar a los funcionarios que tienen su sede en Bogotá, el cual tiene vigencia hasta agosto del 2014.

A pesar de que la entidad tiene sede propia, los criterios de austeridad resultaron inferiores a los de comodidad. Es cierto que el presupuesto tuvo este año un generoso aumento del 20 por ciento, pero ello no exime a la Contraloría de demostrar que aparte de que predica, también aplica.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

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