Ricardo Ávila

En la puerta del horno

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
mayo 22 de 2013
2013-05-22 12:56 a.m.
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Falta apenas un mes para que se surta la que ha sido una esperada y, al mismo tiempo, accidentada subasta por las licencias de operación de Internet de alta velocidad LTE, conocido como 4G. Sin embargo, a escasas semanas de la definición aún quedan varias dudas por ser resueltas que no dejan de generar inquietudes.

Por cuenta de esa situación, más de un interesado se pregunta si terminará un proceso que debió cumplirse en septiembre del año pasado.

Cuando este concluya, el fisco podría recibir recursos cercanos a los 450.000 millones de pesos, mientras que el país alcanzaría a tener una decena de operadores distintos de comunicaciones móviles de voz y datos, número que en principio parece exagerado, pero que en realidad será de amplio beneficio para empresas y personas que busquen variedad de ofertas y tarifas promocionales. A las de Tigo, Movistar, Claro, Avantel, Une, Uff, Virgin Mobile y Almacenes Éxito, se podrían unir marcas como Directv, Azteca y ETB en la pelea por cautivar a los usuarios del segmento.

No obstante, aun si el cierre se logra en los plazos establecidos, no faltarán los interrogantes.

Así, ya han comenzado a escucharse voces que cuestionan por qué no se presentaron más operadores internacionales a la subasta, pese al esfuerzo oficial por convocarlos.

Entre las explicaciones está la que afirma que el mercado de telecomunicaciones colombiano, desde una óptica externa, supone mayores retos e incertidumbres que certezas para un inversionista extranjero.

En primer lugar, la alta concentración del negocio de voz que hay en el país constituye una barrera de entrada para cualquier compañía que pretenda luchar por un usuario acostumbrado a hablar en condiciones preferenciales con su grupo familiar y de amigos, fenómeno comercial que no se logró atajar a tiempo.

De otro lado, a algunos les preocupa la manera como el Gobierno, en su afán por maximizar lo que pueda generar la subasta, incluyó varios compromisos y arandelas al proceso para los posibles ganadores de los permisos de 4G. Para comenzar, quienes obtengan las licencias se encontrarán con el espectro electromagnético ocupado, por lo cual, para liberarlo, deberán trastear a los actuales ‘inquilinos’ del mismo (Fuerzas Militares y de Policía), con igual tecnología y sistemas de red que actualmente usan, a la nueva frecuencia.

En segundo lugar, los triunfadores tendrán que entregar 500.000 tabletas a estudiantes de todo el país, iniciativa loable, pero poco detallada en cuanto a especificaciones técnicas de los equipos o acompañamiento pedagógico, lo que llena de dudas y riesgo esta buena intención.

Finalmente, está el tema de la calidad actual de servicio celular, del cual dependerá el inicio del 4G en Colombia. Esto, debido a que, según el ordenamiento oficial, quienes no cumplan con los mínimos estándares en la tecnología 3G (voz y datos) no podrán ofrecer paquetes en la siguiente generación.

El razonamiento suena lógico en aras de presionar a quienes poseen los peores índices de llamadas caídas o conexiones interrumpidas, pero contraría el desarrollo normal de las redes celulares, el cual se sustenta sobre la base de la libre instalación y el despliegue de las mismas, algo que en el país no sucede, pues no hay un procedimiento unificado en materia de permisos en las oficinas municipales.

Tales elementos le han metido mucho ruido a un tema que no aguanta más aplazamientos, pues la propia competitividad tiene que ver con estar al día en estos asuntos.

Debido a ello, hay que insistir en la necesidad de que las preguntas se aclaren y que los proveedores del servicio y el Gobierno se vean unidos y no en orillas distintas, como pasa hoy.

Los enfrentamientos que han tenido lugar en los últimos tiempos no son un buen augurio, pero todavía hay tiempo de enmendar la plana, para así avanzar en un asunto clave que requiere más cooperación que confrontación.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

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