Ricardo Ávila

Los puntos sobre las ‘ías’

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
septiembre 15 de 2015
2015-09-15 01:43 a.m.
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No han sido buenas las semanas recientes para el Fiscal General de la Nación. Los escándalos que tienen como fuente la feria de contratos de asesoría que viene de destaparse en el ente acusador, lo tiene en la mira de la opinión pública, cuya tolerancia al desperdicio de los recursos públicos es cada vez menor. Tampoco le ayuda al jefe del organismo de control su negativa a comparecer en el Congreso, desoyendo las citaciones que se le han hecho.

La polémica seguramente continuará en los días por venir. Más allá de las hipótesis que se pudieran tejer sobre su desenlace, no estaría de más que el país recuerde el esfuerzo monetario que ha venido haciendo con el fin de dotar de recursos adecuados a la institución.

Las cifras son elocuentes. En el 2010 la asignación presupuestal de la Fiscalía ascendió a 1,4 billones de pesos. Para el próximo año la propuesta que está a consideración de la Cámara y el Senado habla de cerca de 3,2 billones de pesos. Puesto de otra manera, se trata de un incremento del 122 por ciento desde comienzos de la década. En el mismo lapso, el aumento de los gastos gubernamentales ascendería a algo menos del 46 por ciento.

A otras ‘ías’ no les ha ido tan mal en el periodo de referencia. Así, la Procuraduría General de la Nación pasaría de recibir 334.225 millones de pesos a 513.030 millones, lo que equivale a un alza del 53 por ciento. En lo que atañe a la Contraloría, las sumas son 319.165 millones y 571.855 millones, respectivamente para 2010 y 2015, con un crecimiento del 79 por ciento.

Otras entidades más pequeñas también han salido beneficiadas por la ‘generosidad’ estatal. En el caso de la Contaduría, la mejoría presupuestal ha sido del 76 por ciento, y en el de la Auditoría, del 81 por ciento.

En contadas excepciones han tenido lugar recortes en las asignaciones de un año a otro. De resto, la tendencia más notoria es al aumento. Por ejemplo, la suma combinada que recibirían las cinco entidades citadas en el 2016 superaría los 4,3 billones de pesos, 11 por ciento más que este año. Esa subida se daría en un contexto de estrechez conocido que, por lo visto, se aplica poco en este caso.

Es de imaginar que la justificación de las mayores erogaciones existe. Al fin de cuentas, es conocido que una de las constantes en el sector público es que los fondos nunca son suficientes para cubrir las grandes necesidades que tienen la justicia o los órganos de control.

El problema surge cuando la ciudadanía empieza a tener la impresión de que la plata no se está gastando en lo que se necesita, como ocurre con los contratos de la Fiscalía. Por su parte, la Contraloría seguirá bajo escrutinio cuando opte por una sede permanente, tras desechar la que ocupó durante años y gastarse decenas de miles de millones de pesos en el pago de arrendamientos.

A primera vista, la labor del Ejecutivo, cuando se le presentan las solicitudes de cada rama al iniciarse un nuevo ciclo presupuestal, es negociar toda petición y ajustarla a la realidad de las finanzas públicas. Sin embargo, quienes están familiarizados con el proceso reconocen que en más de una ocasión el proceso con las ‘ías’ es arduo, pues cada glosa es vista como una interferencia en su autonomía.

En el Capitolio, las cosas son todavía peores, pues lo usual es que funcione la combinación de la zanahoria y el garrote. La primera está representada por los cargos o los contratos que sirven para ganar amigos. El segundo tiene que ver con la capacidad de intimidación que tiene una investigación disciplinaria aquí o una sanción allá, dirigida en contra de las cuotas de un determinado grupo o facción parlamentaria.

Debido a ello, el veredicto es desalentador. En lugar de dar ejemplo, las ‘ías’ no parecen ser sinónimo de probidad o buen gobierno. Y así, arreglar las cosas es muy difícil. En todos los sentidos.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto

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