Cuando a mediados de diciembre se supo que la multinacional Odebrecht había decidido pagar una multa sin precedentes, tras llegar a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil, la noticia pasó a segundo plano. El motivo es que la penalidad se definió después de que el conglomerado de la construcción aceptó que había girado comisiones millonarias en una docena de países, incluyendo a Colombia.
El paso siguiente a esa revelación se dio la semana pasada, cuando Gabriel García, exviceministro de Transporte y exdirector encargado del desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (Inco) fue detenido por la Fiscalía General de la Nación, tras ser imputado de tres delitos: cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos. Los papeles en poder del ente acusador confirmarían que el exfuncionario de la administración de Álvaro Uribe recibió 6,5 millones de dólares por su papel en la adjudicación de un tramo de la Ruta del Sol.
"El beneficio de la casa por cárcel y otros del régimen penitenciario no deberían cobijar a quien se apropia de fondos públicos".
COMPARTIR EN TWITTERTodo indica que en las próximas semanas se conocerían otros nombres, pues según las cuentas iniciales otros cinco millones de dólares se habrían repartido en sobornos posteriores, entregados incluso durante este Gobierno. Quienes saben de estos temas aseguran que si alguno de los procesados decide colaborar con la justicia, el número de personas que formaban parte de uno o varios entramados para defraudar al Estado aumentará, por lo cual el tema va a permanecer en la mira.
Solo se sabrá con el tiempo hasta dónde llegan las revelaciones. En lo que atañe a Odebrecht, las autoridades tienen la oportunidad de exigirle a la firma de origen brasileño toda la colaboración del caso, si desea seguir con sus negocios lícitos en el país.
Ello implica poner un espejo retrovisor que ahonde en operaciones pasadas, no solo con entidades del orden nacional, sino regional y municipal. Al respecto, no faltan los abogados que señalen que los delitos más antiguos ya prescribieron, con lo cual castigar a los culpables de actos venales sería imposible. En respuesta, están quienes señalan que al menos la condena social servirá para poner en la picota pública a quienes se embolsillaron dinero en forma indebida.
Propuestas como esa responderían al anhelo compartido por la inmensa mayoría de los colombianos en el sentido de destapar la olla podrida de la corrupción. Las encuestas señalan que cuatro quintas partes de los ciudadanos consideran que este flagelo viene empeorando, siendo el principal responsable de la pérdida de legitimidad de algunas instituciones fundamentales de nuestro sistema democrático, comenzando con el Congreso de la República.
El riesgo de que la justicia no logre parar la hemorragia es inmenso. Tal como sucede con los tumores malignos, está probado que el delito hace metástasis, hasta el punto de que cualquier tratamiento resulta inefectivo. Llegar a ese punto significa condenar a la sociedad colombiana a ver cómo se perpetúan la inequidad y la violencia, pues quienes le meten la mano al erario acaban defendiendo sus feudos a sangre y fuego.
Por tal razón, el desafío para la Fiscalía es inmenso. Frente a las tácticas dilatorias y las estratagemas de todo tipo, la entidad requiere actuar con rapidez con el fin de identificar los eslabones de la cadena. Solo con casos contundentes los jueces se verán obligados a adelantar los procesos con relativa rapidez y dictar sentencias, ojalá, ejemplares.
El desafío, para ponerlo de manera simple, es enviar el mensaje de que el crimen no paga. El beneficio de la casa por cárcel y otros excesos del régimen penitenciario no deberían cobijar a quien se apropia de fondos públicos, para lo cual hace falta una legislación más incisiva. Hay que aprovechar la oleada de indignación actual para promover cambios y exigir resultados. Solo así el oscuro capítulo que escribió Odebrecht no se volverá a repetir nunca más.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto