Ricardo Ávila
Editorial

Razones para temer

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
mayo 17 de 2016
2016-05-17 08:53 p.m.
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Ha pasado algo más de una semana desde cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer la base de datos que incluye los nombres de las personas naturales y jurídicas que se encontraban en los ‘Papeles de Panamá’. La filtración de millones de documentos de la firma Mossack Fonseca develó no solo el modus operandi usado para crear sociedades en el istmo, sino que puso sobre alerta a las autoridades tributarias de decenas de países que ya comenzaron su labor de fiscalización.

Colombia no ha sido la excepción. Así quedó claro este martes durante la rueda de prensa que concedieron el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la Dian, Santiago Rojas, en la que entregaron un reporte de las pesquisas hechas, las cuales apenas están comenzando. Ambos funcionarios afirmaron que aparte de lo que develaron los medios de comunicación, usaron la información recopilada en la visita que se le hizo a la sucursal de la firma de abogados en Bogotá, al igual que registros en el Banco de la República o movimiento de cuentas bancarias.

El titular más destacado es que dos terceras partes de los nacionales involucrados no han reportado sus activos ante la administración de impuestos. Debido a ello, un grupo de medio centenar de auditores se ha dedicado a elaborar carpetas que servirán para emplazar a un conjunto de contribuyentes que superaría los 500 y que eventualmente deberán pagar cuantiosas multas al fisco.

Las conductas identificadas son múltiples. Hay una decena de casos de refacturación, que consiste en emitir facturas falsas para justificar pagos al exterior y disminuir utilidades en el país, mediante el pago de una comisión. Ahora la Dian puede glosar las declaraciones de renta presentadas, desconocer esos gastos e imponer una sanción que llega al 160 por ciento de lo no cancelado, más sus correspondientes intereses.

También salieron a la luz una treintena de empresas familiares que se crearon para esconder activos omitidos que incluían, por ejemplo, la venta de bienes raíces o empresas en Colombia. Aquí también hay motivos para penalizar a los infractores que habrían eludido gravámenes como ganancia ocasional o patrimonio.

No menos llamativo es lo hecho por una persona que usó sociedades extranjeras de su propiedad para comprar las mercancías que exportaba a unos precios con los cuales no tenía ganancias en el territorio nacional. Incluso no faltaron los que se defendieron al decir que habían hecho la declaración de cambios que exige el Banco de la República, que es algo muy diferente a la declaración de activos en el exterior, que es la que tiene efectos fiscales.

Todo lo anterior deja en claro que hay mucha tela por cortar y que la Dian decidió actuar con rapidez. Si bien las normas impiden que se conozcan los nombres de aquellos que serán sancionados, el mensaje es que el castigo será ejemplarizante para que así quede claro que evadir no paga, y que lo barato puede salir muy caro.

Además, lo que se busca es utilizar la oportunidad para que los declarantes del impuesto al patrimonio aprovechen la coyuntura con el fin de ponerse al día antes de que termine mayo y contarle a la administración lo que tienen. Como es bien sabido, mediante el pago de un tributo del 11,5 por ciento el contribuyente queda a paz y salvo, que es un escenario diferente a ser identificado contra su voluntad si tiene lugar una pesquisa o una próxima filtración.

Aun así, no faltan los que expresan temores de que los datos sobre su fortuna acaben en manos indeseables. Al respecto, los que saben sostienen que hay una trazabilidad completa de los sistemas de la Dian, por lo cual sería fácil identificar a quién miró qué.

Pero más allá de ese tema, es indudable que los Papeles de Panamá empiezan a acarrear consecuencias. Y que aquel que deba algo, tiene ahora más razones para temer al fisco.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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