Han transcurrido un par de días desde cuando el centro de Bogotá fue testigo de otra manifestación.
Se trataba de la marcha por la dignidad agraria, que aglutinó a cerca de 10.000 labriegos y dirigentes campesinos en frente de la sede del Ministerio de Agricultura, debido a que las autoridades no dieron permiso para que los participantes llegaran a la Plaza de Bolívar, por estos días engalanada con la decoración navideña.
Quizás esa circunstancia resultó ser afortunada para disimular un hecho cierto. En contra de los anuncios previos de los organizadores, el número de personas presentes fue la mitad del convocado.
Ante lo sucedido, no faltaron acusaciones sobre buses que no pudieron llegar a su destino, presumiblemente por cuenta de hostigamientos de las autoridades. Otros, sin embargo, aceptaron que hubo menos gente.
Como es usual en estos casos, el tono de los discursos fue encendido. Una vez más, el Gobierno fue acusado de indolente ante los problemas de las zonas rurales y de haber incumplido la inmensa mayoría de los acuerdos firmados hace tres meses, cuando tuvo lugar el paro agrario.
De tal manera, volvieron a escucharse las peticiones de renuncia de funcionarios, así como la promesa de suspender otra vez las actividades en febrero si la situación no cambia.
Pero también hubo ingredientes distintos. Tal vez lo más nuevo en el libreto fue el componente político.
Así, un grupo de marchantes aprovechó la oportunidad para pedir que los asistentes firmaran planillas en apoyo de César Pachón, secretario del comité por la dignidad papera y la soberanía alimentaria. Si bien el dirigente boyacense ya había hecho pública su intención de aspirar a la Presidencia de la República, el proselitismo de sus partidarios causó resquemores.
Y ese no es el único caso.
El movimiento dignidad cafetera también alberga líderes con aspiraciones de llegar a las corporaciones públicas, como ocurre con Óscar Gutiérrez en Caldas y Orlando Beltrán en el Huila. Entre los cacaoteros ha tomado fuerza el nombre de Omar Acevedo en Santander.
Buena parte de quienes buscan entrar en una lista determinada lo hace al abrigo del Polo Democrático, que tiene como su máximo elector al senador Jorge Robledo.
La labor de este es fundamental para que el partido de la bandera amarilla consiga al menos el 5 por ciento de la votación y así supere el umbral que exige la ley para que no perder la personería jurídica.
No obstante, también Cambio Radical, al igual que conservadores, liberales y verdes, aspiran a pescar apoyos en el río revuelto del descontento popular. Debido a ello, los dirigentes de las llamadas dignidades son objeto de coqueteos de uno y otro lado, que incluyen promesas de un subsidio aquí o el apoyo a medidas proteccionistas allá.
Todo lo anterior forma parte de una realidad incuestionable. Ante la percepción de que sus peticiones no cuentan con una verdadera representación en el Congreso o en el Ejecutivo, es legítimo que diversos líderes decidan lanzarse al ruedo electoral.
El problema es que el paso de un escenario de defensa del campesino -que no tiene color alguno- al de aliarse con una colectividad determinada -que sí lo tiene- crea resquemores y divisiones.
Quienes saben de estos temas aseguran que en Boyacá hay fricciones entre los cultivadores de papa y que tensiones similares se ven en el resto del país.
La propia actitud del público es diferente, pues se empieza a creer que los intereses individuales o partidistas se anteponen a los comunes.
Un ejemplo reciente es el de los estudiantes agrupados bajo la Mane, que en su momento lograron el retiro del proyecto de ley que pretendía reformar la educación superior, y que acabaron desdibujados.
Ahora la pregunta es si quienes impulsaban un giro a la política agraria en Colombia, van a terminar atrapados en las redes de la política.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto