Ricardo Ávila
Editorial

Responsabilidad ante todo

La adición prevista en el presupuesto nacional se apoya en recaudos más elevados, pero el margen de maniobra es estrecho.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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POR:
Ricardo Ávila
abril 02 de 2017
2017-04-02 04:20 p.m.
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En medio de los titulares de los últimos días, quedó relegada a un segundo plano la noticia sobre la adición presupuestal por 7,7 billones de pesos, contenida en un proyecto de ley radicado por el Ministerio de Hacienda en el Capitolio. Aunque ya se sabía que la propuesta iba a llegar al Congreso, todavía no se conocían los detalles de cómo se piensa repartir este nuevo pedazo de torta que se suma a lo autorizado en la parte final del 2016.

De obtenerse la luz verde por parte del parlamento, el grueso de los recursos se dirigirá a las áreas sociales, además de subsidios en las tarifas de electricidad y programas de transferencias condicionadas. Construcción de aulas escolares o cubrimiento parcial del déficit del sistema de salud serán financiados con el dinero adicional.

Mención aparte merecen los 1,5 billones que forman parte de lo que se conoce como el posconflicto. Un billón y medio de pesos irá a sustitución de cultivos o titulación de tierras, temas que pertenecen los acuerdos suscritos con las Farc y que, en todo caso, son cruciales para el país.

'Si la evolución de las cosas no es la prevista, al Ministerio de Hacienda no le quedará más remedio que sacar la tijera'

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La fuente de los fondos suplementarios es, sobre todo, la controvertida reforma tributaria aprobada en diciembre, que generaría 6,1 billones de pesos. Aparte de lo anterior, hay dividendos por 600.000 millones más provenientes de ISA y Ecopetrol, con los cuales se llega a 6,7 billones que irán directamente a las arcas del Gobierno Central, cuya meta es disponer de ellos.

Sin embargo, más allá de las partidas específicas, los especialistas tomaron nota de cambios que para la mayoría del público son imperceptibles. Tal vez el renglón que más llamó la atención tuvo que ver con el hecho de que el déficit en las cuentas públicas será equivalente al 3,6 por ciento del Producto Interno Bruto, una cifra que concuerda con la autorización dada por el comité consultivo de la regla fiscal el martes pasado.

Llegar a tener esa luz verde fue el resultado de una intensa discusión técnica. En un comienzo, el Ministerio quería que se le autorizara un saldo en rojo más elevado, pues la presión de la Casa de Nariño para destinarle más plata al posconflicto acabó siendo fuerte, sin contar las exigencias del resto del gabinete. Por su parte, varios de los expertos del comité recordaron lo dicho a comienzos de este año por la cartera de Hacienda, en el sentido de bajar el hueco fiscal al 3,3 por ciento del PIB.

En último término se llegó a una especie de punto medio que no deja de ocasionar inquietudes. Para comenzar, las firmas calificadoras de riesgo habían contemplado un déficit menor y ahora tendrán que aceptar un número más elevado que implica otros niveles de endeudamiento, ya sea interno o externo.

Como es usual en estos asuntos, el problema no es la cifra específica, sino el hecho de que lo afirmado en febrero ya no es válido. No faltará quien diga que si la administración no tuvo problema en variar el objetivo establecido, bien podría hacerlo de nuevo, por lo cual es indispensable reafirmar la credibilidad de las autoridades.

Adicionalmente, está el peligro de que no se cumplan las metas de recaudo establecidas, algo difícil en una economía que comenzó el 2017 con el pie izquierdo. En consecuencia, será obligatorio mantener las manos firmes sobre la rienda del gasto, con el fin de no exponerse a sorpresas desagradables dentro de unos meses.

Si la evolución de las cosas no es la prevista, al Ministerio de Hacienda no le quedará más remedio que sacar la tijera, tal como lo hizo en los años que siguieron al desplome en los precios del petróleo. Es cierto que Juan Manuel Santos aspira a mejorar sus índices de aceptación en la parte final de su mandato mediante la entrega de tantas obras como sea posible, pero el anhelo presidencial no puede ir en contravía de mantener la casa en orden. Por tal motivo, la responsabilidad fiscal debe seguir siendo la norma, tanto ahora como en el futuro.

​Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto

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