A juzgar por las reacciones, la idea de que el Consejo Gremial le planteara al Gobierno entrante una propuesta de venta de las acciones de la Nación en Ecopetrol, nació muerta. Por ahora tan solo Fasecolda, responsable del texto original, seguirá adelante con la iniciativa, aunque eso hace todavía más difícil su consideración.
La explicación obvia, es que pocos desean sumarse a una postura que es una bomba, sobre todo en el campo político. Sugerir la privatización de la principal empresa industrial y comercial del Estado genera divisiones, además de llamados a la movilización popular, como los hechos por la Unión Sindical Obrera. Es poco probable que el Centro Democrático –que se opuso férreamente a la enajenación de Isagen– decida enfrascarse en la polémica, justo cuando necesita guardar su energía para dedicarla a otras urgencias.
No obstante, así no tenga viabilidad, sería ideal que el escrito en cuestión sea merecedor de una lectura cuidadosa. El motivo es que dice verdades que, por más incómodas que sean, resultan incontrovertibles: la elevada dependencia que tenemos de los hidrocarburos en exportaciones y en ingresos fiscales, nos hace daño. Como lo dejó en claro la bonanza pasada, las rentas extraordinarias se usan en gastos que se vuelven permanentes y cuando retornan las ‘vacas flacas’ sufrimos lo indecible para ajustarnos a la destorcida.
Por ello, Fasecolda recuerda la experiencia de Noruega al actuar de forma responsable para proteger a su economía de los altibajos propios de los precios de los productos básicos, mediante la creación de un fondo soberano que respalda las pensiones. También señala que parte de los recursos que se obtengan deberían usarse para apuntalar el programa de infraestructura, con la lógica de que se estaría reemplazando un activo público por otro con alta rentabilidad social.
Sobre el papel, la participación gubernamental en Ecopetrol valdría entre 104 y 209 billones de pesos, dependiendo de los supuestos de cotización del crudo y tasa de descuento que se usen. Tales fondos quedarían en un patrimonio autónomo que sería administrado de manera profesional por el Banco de la República, con exigencias similares a las que se usan para las reservas internacionales.
Semejante cantidad de dinero se desacumularía en un espacio de diez años, lo cual permitiría no solo garantizar el progreso vial que necesita el país, sino cumplir con la regla fiscal que plantea una reducción del déficit en las finanzas públicas. Para finales de la próxima década, seríamos una nación más competitiva que, gracias a una tasa de crecimiento más alta, podría seguir por la senda del desarrollo inclusivo.
Todo lo anterior parte del supuesto de que las cosas se harán bien y no tendrá lugar un despilfarro de recursos. Sin embargo, son tantos los peligros, que la opinión posiblemente se inclinaría por mantener el statu quo, así se vea que el escenario para una compañía que vende combustibles fósiles no es el mejor.
En consecuencia, el debate debería orientarse a dos temas centrales. El primero es cómo aislar a la economía colombiana de los altibajos en los precios de las materias primas para poder diversificar su base productiva. El segundo,cómo lograr que las cuentas públicas sean sostenibles, independientemente de que el valor de los hidrocarburos sea elevado o no.
Encontrar respuestas implica tomar decisiones que no son fáciles ni populares y que pasan, para citar un caso, por diseñar un sistema impositivo que se concentre más en cobrarles a las personas jurídicas que a las naturales. De lo contrario, seguiremos como ha sido nuestra tradición: viviendo con lo del diario y a la espera de la próxima lotería. Y así la venta de Ecopetrol no sea la solución, vale la pena entender que quedarse con la mayoría accionaria, tampoco lo es.