Ricardo Ávila
Editorial

Con las reglas del juego

La disputa en torno a una de las obras incluidas en el plan de las concesiones viales de cuarta generación no es motivo de alarma.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
mayo 23 de 2017
2017-05-23 08:55 p.m.
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La primera noticia apareció el lunes en la prensa española. De manera escueta, los medios informaron que la firma constructora Sacyr había decidido paralizar una obra en Colombia por cuenta de problemas con la firmeza de unos terrenos que hacían inviable el proyecto en las condiciones pactadas.

Acto seguido, el turno fue para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que en un comunicado explicó la controversia en torno al corredor vial que comprende los tramos Puerta de Hierro -Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso, que a lo largo de 196 kilómetros de extensión unen los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, en la costa norte. De acuerdo con la entidad, tras el uso de la figura del amigable componedor prevista en los términos de la concesión –que le dio la razón a la parte colombiana– la empresa ibérica formuló una demanda ante el tribunal de arbitramento.

Es difícil saber cuál será el fallo de la nueva instancia. Por ahora se sabe que la ANI comenzará el proceso de caducidad del contrato, debido a múltiples atrasos que le ocasionaron multas por 11.000 millones de pesos a la sociedad Montes de María S.A.S., propiedad de la compañía de la península. Si a esa suma se le agregan otros castigos, el monto a pagar podría superar los 30.000 millones de pesos. En consecuencia, Sacyr se enfrenta al dilema de intentar la vía judicial y arriesgar quedarse sin el pan y sin el queso, o aconductarse y realizar el proyecto, a sabiendas de que el manejo de superficies arcillosas en ciertas zonas le aumentará costos y probablemente no le deje utilidad.

Lo anterior sin hablar del daño reputacional para una firma que estuvo involucrada aquí en el sonado caso de Commsa y ahora se encuentra en una disputa con el Gobierno panameño por el valor de la expansión del Canal, emprendimiento a su cargo.

Ante lo ocurrido, no faltaron las expresiones alarmistas sobre los tropiezos del programa de autopistas de cuarta generación, que es una de las iniciativas de mayor envergadura de la administración Santos. Según ese punto de vista, las cosas no van bien, con lo cual existe el riesgo de que la locomotora de la infraestructura aminore su velocidad e, incluso, se detenga.

La verdad, sin embargo, es otra. Aquí lo que hay es una controversia que se está dirimiendo dentro de las reglas de juego establecidas. A pesar de que el cronograma de los trabajos será más demorado, su impacto particular es manejable, pues existe una carretera que opera, así no cuente con las especificaciones ideales.

Adicionalmente, la mayoría de los 31 proyectos adjudicados anda bien, aceptando que el coletazo de la liquidación del contrato del tramo dos de la Ruta del Sol –ocasionado por el escándalo de Odebrecht– incidió en que algunos cierres financieros tomen más tiempo del esperado. Según fuentes oficiales, hay nueve iniciativas con demoras importantes: cuatro atribuibles a la necesidad de consultas previas con las minorías étnicas y el resto a discusiones de tipo técnico.

Y dentro de ese grupo hay luces que permiten mirar la situación con cierto optimismo. Para citar un caso, la obra entre Mulaló y Loboguerrero, en el Valle del Cauca, debería recibir su licencia ambiental en unos meses.

Por otra parte, el impacto de las 4G ya se nota en la economía. Los pagos hechos por los constructores subieron 40 por ciento en el primer trimestre, según el Dane. El dato de crecimiento del PIB resultó ser malo, pero habría sido peor sin esta ayuda.

Debido a ello, hay que mantener la calma y apoyar la firmeza de las autoridades. Ceder a pretensiones injustificadas debilitaría la credibilidad de un esquema cuyas bondades son enormes y que se debe preservar a toda costa. Diferencias de opinión siempre habrá, ante lo cual lo que se debe hacer es respetar las reglas de juego. Y eso no solo le corresponde al Estado, sino especialmente a los concesionarios privados.

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