En un país en el cual los gestos de escepticismo son la reacción usual tras los anuncios oficiales, es fácil desdeñar la noticia del martes pasado según la cual la comisión interparlamentaria de crédito público aprobó la garantía de la nación para los préstamos que se necesitan con el fin de construir el metro en Bogotá. Así se completa, en un lapso de dos años, el paso número 18 que hace inminente el comienzo del proceso formal para la enorme obra, que debería estar terminada en el 2024.
El hito en cuestión es clave porque permite que la banca multilateral, encabezada por el BID, apruebe, en cuestión de semanas, la concesión de recursos por 1.700 millones de dólares que servirán para poner en marcha el emprendimiento. Semejante suma es fundamental, pues le da viabilidad a una iniciativa con un costo estimado en 4.400 millones de dólares, que la convierten en la de mayor valor en la historia de Colombia. El saldo del dinero provendrá de los aportes del Distrito Capital y la Nación, que también han sido apropiados.
Debido a ello, decenas de firmas interesadas provenientes de las más diversas latitudes han expresado su interés en participar en diferentes etapas. A la fecha la cuenta va en 64 compañías, de las cuales 57 son extranjeras, ubicadas en Asia, Europa y América. La magnitud del proyecto atrae a distintos tipos de firmas, por lo cual es previsible que el número aumente.
Ante la avalancha, lo que viene es una precalificación de los oferentes, que eventualmente se agruparán en diferentes consorcios, que son los que se presentarán a una licitación que se abriría a finales de este año y sería adjudicada en el primer semestre del 2019. La idea es que el ganador se encargue de construir los casi 24 kilómetros de esta etapa, lo que incluye vías, estaciones y patios, entre otros. Además, tendrá que proveer los equipos y administrar el metro, una vez sea recibido a satisfacción.
Es verdad que hasta que no se firme el contrato definitivo, existe el riesgo de un descarrilamiento. Para decirlo con claridad, el próximo Presidente de la República puede decirle a su ministro de Hacienda que no suscriba determinados documentos o enviar mensajes de que se negará a honrar los compromisos asumidos por su antecesor, aunque eso nos dejaría mal parados en diversos ámbitos, para no hablar del descontento de la opinión.
Quien crea que echar a la caneca de la basura lo hecho hasta ahora es válido con la idea de resucitar el metro subterráneo, debería recordar que el diseño que, en su momento, promovió Gustavo Petro es sustancialmente más caro. Además, está el asunto de los riesgos de construcción en el subsuelo bogotano que podrían elevar la cuenta, con lo cual, tanto la ciudad como la Nación se verían obligadas a aportar una suma mayor. Puesto de otra manera, la viabilidad financiera de algo que está prácticamente listo quedaría en entredicho, pues habría que comenzar por rehacer las cifras.
Ojalá no sea así. Tal como están las cosas, la economía capitalina se beneficiaría de una iniciativa que en la parte de obra civil asciende a 2.600 millones de dólares. El impacto sobre el empleo y los encadenamientos industriales le ayudarían al crecimiento del país y servirían para que la ciudad cuente con una nueva opción para manejar su problema de movilidad.
Tal como lo dijo Enrique Peñalosa hace un par de días, “estamos a centímetros”. La imagen es válida para una esperanza que lleva más de medio siglo sin cumplirse y que ahora entra en su recta final antes de que comience el movimiento de tierras. Por tal razón, la única opción es seguir adelante, independientemente de la coyuntura política, con la convicción de que para mediados de la próxima década, un tren elevado transportará a cientos de miles de bogotanos diariamente.