Ricardo Ávila Cuestión de responsabilidad 5 de julio de 2017 | Editorial | Opinión | Portafolio
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Editorial

Cuestión de responsabilidad

El fallo que eximió a la Nación de los perjuicios causados a ciudadanos por captadoras ilegales como DMG y DRFE, deja lecciones.

Ricardo Ávila
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Ricardo Ávila
julio 04 de 2017
2017-07-04 09:27 p.m.
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La semana pasada, el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán resolvió uno de los litigios más cuantiosos que hoy enfrenta el Estado colombiano en los tribunales. Se trata de las pretensiones por más de 20 billones de pesos que colectivamente tenían más de 70.000 víctimas de las llamadas ‘pirámides’, quienes buscaban que el Gobierno les reconociera los dineros que invirtieron en los esquemas de captación ilegal, más los intereses prometidos y los daños económicos y morales.

Afortunadamente, para las finanzas públicas, el fallo eximió a la Nación de toda responsabilidad frente a los perjuicios causados por captadoras ilegales como DMG y DRFE, escándalo que explotó en el 2008. Varias lecciones dejan las demandas que buscaban que de los bolsillos públicos salieran las indemnizaciones por las estafas, pues, según los afectados, el Estado no había tomado acciones oportunas sobre las ‘pirámides’.

La primera es que la definición del juzgado traza un límite entre lo que es responsabilidad del Estado y de los individuos dentro de una economía capitalista. Estos 70.000 ciudadanos, atraídos por exorbitantes intereses e increíbles ganancias, invirtieron con total autonomía sus dineros en las captadoras y asumieron el riesgo de esa decisión. En un ambiente de libre mercado, todas las inversiones cuentan con un grado de riesgo –unas más que otras– que incluye, lamentablemente, caer en esquemas de fraude o robo. ¿Por qué socializar vía presupuesto las pérdidas de un grupo en particular?

La segunda es que la Nación no puede ser responsable de las decisiones erradas de sus ciudadanos. Es innegable que el Estado está en la obligación de vigilar que esas actividades de captación no existan. No obstante, como lo afirma el comunicado de la Superintendencia Financiera, el fallo determinó que las entidades a cargo del control y la inspección asumieron “su labor con total diligencia”. Hay responsabilidades penales por las que ya varios directivos de estas captadoras están pagando cárcel, y se surtieron procesos de liquidación judicial.

El punto más delicado de este fallo tiene que ver con cómocalificar la labor del Estado en materia de prevenir, detectar y desmontar estos esquemas de captación ilícita. Las 70.000 víctimas afirman que la Nación debió impedir que esas empresas cometieran delitos contra ellas. Claramente, ningún esfuerzo de comunicación es pequeño para que los colombianos conozcan los modus operandi de esas ‘pirámides’, denuncien su ilegalidad con eficacia y aprendan a detectar ofertas de exorbitante e insostenible enriquecimiento.

Y siendo justos, el Gobierno ha alertado a la ciudadanía contra este tipo de fraudes desde que fueron detectados. Pero la decisión voluntaria de invertir el dinero es de cada individuo, y sobre sus hombros recae la máxima responsabilidad. Un hecho que confirma los límites de la acción preventiva del Estado es la resiliencia de esos esquemas de captación, que hoy invaden las redes sociales. Es muy diciente del poder de atracción del dinero fácil que, casi una década después de DMG, sigan pululando.

Una última enseñanza está en los beneficios de una coherente estrategia jurídica del Estado. La Agencia de la Defensa Jurídica, las superintendencias Financiera y de Sociedades, el Ministerio de Hacienda y otras entidades públicas demandadas aunaron fuerzas y desplegaron un abordaje conjunto que impidió un fallo adverso y salvó 20 billones de pesos. La Superfinanciera reportó que de 564 demandas con respecto a captación ilegal desde el 2009, cerca de la mitad han sido resueltas de manera favorable a la Nación.

Para quienes defienden una visión paternalista del Estado, los gobiernos deben proteger a los ciudadanos incluso de ellos mismos y asumir responsabilidades cuando estos se equivocan. Detrás de las inversiones en ‘pirámides’ está el afán de miles por un rápido y poco esforzado enriquecimiento. No se trata de elevar un juicio moral sobre esta motivación libre e individual, sino de reafirmar que la Nación no debería pagar de sus bolsillos esos errores de inversión.

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