Incluso en un país que cree haberlo visto todo a lo largo de su historia, hay eventos que resultan inéditos. Ese fue el caso el pasado miércoles, cuando durante una rueda de prensa que contó con la presencia de la agente liquidadora de Salucoop y el Procurador General de la Nación, se anunció el fin del contrato de venta de los activos de la malograda EPS Cafesalud a Medimás, la entidad más grande del sector que cuenta con 4,2 millones de afiliados.
La noticia tomó por sorpresa no solo a la ciudadanía, sino al alto Gobierno. Tanto el Ministro de Salud como el Superintendente del ramo se encontraron con una situación de hecho que ponía en peligro la atención a casi uno de cada diez colombianos. Tras varias horas de incertidumbre en las que reinaron las versiones encontradas, ayer un comunicado oficial señaló que la EPS “sigue viva y habilitada”. Adicionalmente, el Ejecutivo afirmó que la Supersalud adelantará un programa especial de vigilancia con el fin de garantizar la calidad y la prestación del servicio.
No obstante, es incuestionable que la zozobra creada tendrá consecuencias. Tras las quejas y denuncias que aparecen en los medios de manera regular, ahora viene un problema reputacional que no será fácil de superar. Por una parte, más de un ciudadano se preguntará si habrá otra opción a la hora de pedir una consulta o buscar un tratamiento. Por otra, la compleja relación con los proveedores de la entidad probablemente se volverá más difícil ante la percepción de que el riesgo acaba de dispararse.
El tema no es nuevo. Apenas un mes después de que Medimás comenzó a operar, el Procurador lanzó los primeros dardos. Cuando la administración Santos pidió un poco de paciencia mientras sucedía la transición, la respuesta fue una sanción al Superintendente de la época, con lo cual quedó en claro que el ente de control estaba dispuesto a blandir el garrote.
Ante lo sucedido, vale la pena preguntarse si hay una fijación. La duda es válida cuando se mira el índice de quejas y reclamos de la EPS ,que asciende a 1,9 por cada mil afiliados, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Más allá del debate sobre si ese número es alto o bajo, no deja de ser curioso que Medimás ocupa el quinto lugar en ese rango, muy por debajo del 4,9 por mil de la peor clasificada.
Lo anterior no quiere decir, en absoluto, que la entidad merezca un cinco aclamado, ni mucho menos. Hay denuncias que ameritan el accionar de las autoridades encargadas del asunto, las cuales están obligadas a aplicar sanciones, si hay méritos, o a interponer demandas, si es del caso.
No obstante, una cosa es exigir que cada brazo del Estado haga la función que le corresponde y otra que se creen precedentes que son peligrosos. Llevando las cosas al extremo, el día de mañana cualquier compañía privada que reciba recursos públicos –como las que generan o distribuyen electricidad–, puede ver en peligro su permanencia en una actividad por cuenta de un ente de control. Lejos de disminuir, la inseguridad jurídica que preocupa a tantos inversionistas, aumentaría radicalmente.
Y en cuanto a la Procuraduría, seguramente sus preocupaciones cuentan con un origen legítimo como es el de propender para que el servicio de salud que reciben los colombianos sea bueno. Sin embargo, ese loable objetivo dista mucho de lo visto ayer cuando el organismo dio instrucciones sobre la manera en que deberían distribuirse los usuarios de Medimás.
Medir las consecuencias de lo que se hace es una obligación. Cualquier observador sabe que la realidad del sector salud es crítica, pues este es insostenible financieramente, a menos que se toque el plan de beneficios, haya más recursos del presupuesto o aumente el copago de los usuarios. Buscar soluciones de fondo es muy diferente a aplicar remedios que pueden acabar siendo peores que la enfermedad.