Cuando en 1898 Reginald Appleby fundó en Bermudas una firma dedicada a asesorar a un puñado de clientes, no imaginó que casi 120 años después su apellido estaría ligado a una de las mayores filtraciones de documentos en la historia del capitalismo. Desconocido para la mayoría, el conglomerado de servicios legales saltó a la palestra el fin de semana cuando se supo que millones de documentos que estaban en sus archivos, fueron entregados a un diario alemán que, a su vez, se los pasó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El resultado del examen de los llamados ‘Papeles del Paraíso’ fue publicado por un centenar de medios en el mundo. A primera vista, parecía que se estaba reeditando la historia de los ‘Papeles de Panamá’, la cual estalló en abril del 2016 al conocerse una gran cantidad de documentos pertenecientes a Mossack Fonseca, conocido bufete del istmo.
Si bien en esta ocasión también vuelven a aparecer nombres de políticos, artistas y empresarios, lo que se sabe hasta ahora no pareciera tener los mismos ingredientes del escándalo previo. En lugar de complejas operaciones para esconder la identidad de dirigentes corruptos o defraudar a diferentes fiscos, los expertos consultados por varias publicaciones no encuentran irregularidades notorias, aunque serán las autoridades de cada país las que darán la última palabra.
Puesto de otra manera, la impresión es que las operaciones destacadas se ajustan a la ley, así aparezcan paraísos fiscales tan conocidos como las islas Vírgenes británicas, las islas Caimán, la isla de Man, Guernsey, Jersey o las Seychelles. Para la mayoría de personas sería difícil identificar esos Estados en un mapamundi, pero quienes manejan cuestiones financieras sofisticadas saben que se trata de lugares ideales para constituir sociedades, debido a que son exentas de impuestos, lo cual garantiza aquello que se describe como neutralidad tributaria.
El rol que tienen estas personas jurídicas sirve para propósitos legítimos, como organizar las operaciones de una multinacional con presencia en múltiples jurisdicciones que evita pagar dos veces el mismo gravamen o busca constituir vehículos de inversión con fines específicos. Ello explica la presencia en la lista de compañías colombianas de primera línea como ISA o Ecopetrol, al igual que la decisión de Global Education Group de conformar una empresa de seguros en Barbados.
Por tal razón, hay que tener cuidado de no caer en la tentación de la cacería de brujas, tan atractiva en el ambiente de polarización política que es evidente en el país. Tal como se ha repetido en más de una ocasión, aquí se aplica aquel refrán de ‘el que nada debe, nada teme’, pues tener inversiones en el exterior no es delito, mientras autoridades como la Dian estén al tanto.
Dicho lo anterior, hay un debate de otra índole que vuelve a ser atizado por las revelaciones mencionadas. Este consiste en la práctica de esconder patrimonios, algo que al parecer le interesa mucho a buena parte de los cerca de 150.000 individuos que en el mundo poseen fortunas iguales o mayores a 50 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de un banco suizo.
Saber quién es dueño de qué es lo que explica la actitud de decenas de naciones de todo el orbe, empeñadas en cerrarle espacios a la evasión de impuestos que sale de las rentas no declaradas. La presión viene por el lado de exigir que se comparta información, algo en lo cual los convenios firmados al amparo de la Ocde juegan un rol crucial. Tampoco es despreciable lo que hace Estados Unidos por cuenta del Fatca, que faculta al Tío Sam para enviar y recibir datos con países como Colombia.
La polémica es igualmente intensa debido a ciertas prácticas. Lo hecho por Apple, cuya tasa de tributación efectiva es muy baja, deja un mal sabor. Hechos como ese hacen pensar que el tema seguirá en el radar de la opinión. La amenaza de la Unión Europea de proscribir transacciones con 53 Estados o territorios es una muestra de que el espacio de los paraísos fiscales disminuye. Y esa insistencia no va a cesar si las filtraciones siguen.