Ricardo Ávila
Editorial

Del uso y el abuso

El listado de 44 tecnologías y servicios que dejará de ser pagado con recursos de la salud es un paso en la dirección correcta.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
diciembre 05 de 2017
2017-12-05 09:01 p.m.
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Suele decirse que la vigencia plena de la Ley Estatutaria de Salud, expedida en febrero del 2015, comenzó en su segundo aniversario, cuando expiró el plazo para que el Gobierno presentara un mecanismo participativo que definiera los servicios y tecnologías que no podían ser pagados con recursos públicos. La norma estableció reglas de juego claras: elevó la salud a derecho fundamental y ordenó dar a la gente atención integral.

Igualmente, la ausencia de un tratamiento en el Plan de Beneficios en Salud (el antes llamado POS) dejó de ser excusa para negarlo. El médico ahora tiene autonomía para prescribir. Un aplicativo web (Mipres) fue desarrollado para que, sin pasar por los malhadados comités técnicos-científicos, los profesionales pudieran recetar medicamentos en aquellos casos en que el paciente requiere una protección financiera individual, por fuera de las necesidades promedio de la población (lo que fue el No POS).

Sin embargo, para prevenir abusos, la Ley estableció cinco circunstancias en las que la negativa resultaba legítima: cuando los tratamientos carecieran de eficacia, seguridad, efectividad, aprobación del Invima, tuvieran fines cosméticos o fueran prestados en el exterior. El mecanismo arrojó sus frutos: el Ministerio del ramo acaba de presentar un listado de 44 servicios y tecnologías que, luego de un proceso participativo con representantes de los actores del sistema, deben ser excluidos de ser pagados con los recursos de todos los ciudadanos.

No hacen falta consideraciones técnicas para advertir la necesidad de poner en marcha este mecanismo. Basta el sentido común. Cirugías estéticas de párpados y senos, papel higiénico, terapias con delfines, matrículas de colegios y edulcorantes forman parte de esta primera tanda de exclusiones. Su simple presencia en el listado es un indicador de que, en algún momento, hubo actores que pretendieron acceder a estos servicios con cargo a dineros públicos. Y, sin duda, es indicador de cierta proclividad al abuso.

Las exclusiones fueron seleccionadas de una lista de 75 nominaciones presentadas durante una convocatoria que estuvo abierta entre marzo y abril. Es alentador que la elección se haya producido por consenso, y que incluso la mayoría de las asociaciones de pacientes hubieran estado de acuerdo. Por lo menos en este primer intento, las voces en contra tienen más de indignación gratuita que de reclamo argumentado.

Las siguientes convocatorias necesitan mantener esa cultura de los límites y el respeto por los recursos colectivos observada en esta ocasión. No tiene sentido que, una vez seleccionadas mediante un mecanismo participativo, científico y con amplio consenso, aparezcan actores del sistema con triquiñuelas jurídicas para insistir que sean pagadas.
Aunque la tutela persista, los jueces no deberían prestarse para romper un acuerdo social, más aún cuando el Ministerio de Salud acaba de anunciar que, como resultado de la actualización integral del Plan de Beneficios en Salud, 278 opciones terapéuticas –estas sí con evidencia científica– comenzarán a ser financiadas con recursos de la UPC.

La cartera en cuestión ha preferido poner al margen el debate sobre los ahorros. Al fin y al cabo, la Ley Estatutaria no considera que el costo sea un criterio de exclusión. Sin embargo, es obvio que los recursos que se liberan con lo que no sirve o tiene fines cosméticos se invierten mejor cuando costean terapias que tienen evidencia y mejoran la salud.

Lo sucedido merece respaldo. El primer listado de exclusiones muestra, indiscutiblemente, que la Ley Estatuaria está en vigor. Ahora bien, su verdadera implementación solo podrá proclamarse cuando, democráticamente, la sociedad reconozca que no todo es posible, que los recursos son finitos y que también el país debe aprender a decir que ‘no’.

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