Ricardo Ávila
Editorial

Dos discusiones distintas

Ante el debate sobre los bonos del agua, hay que distinguir entre el costo y la efectividad del esquema y las acusaciones de corrupción.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
septiembre 11 de 2018
2018-09-11 08:45 p.m.
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Que el tema iba a salir a la luz pública, estaba cantado desde hace semanas. De hecho, el 9 de agosto el senador Jorge Enrique Robledo le envió un cuestionario al Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, concentrado en los bonos del agua, cuya respuesta fue radicada en el Capitolio el 31 del mismo mes. No obstante, solo hasta que el periodista Daniel Coronell mencionó el asunto en su columna publicada en Semana, el caso adquirió la dimensión de un escándalo.

La afirmación de que el funcionario “fue piedra angular de un negocio que lo enriqueció a él y empobreció a 117 municipios de Colombia” agitó las aguas en la opinión y el propio Congreso. Los señalamientos e insinuaciones sirvieron para que subiera la temperatura política, hasta el punto de que varios parlamentarios empezaron a hablar de una moción de censura. En vísperas de la presentación del proyecto de ley sobre la reforma tributaria y justo cuando se discuten las modificaciones al presupuesto nacional del 2019, la controversia podría afectar seriamente la marcha de la agenda legislativa y la propia gobernabilidad del Ejecutivo.

Por tal razón, es seguro que muchos ciudadanos seguirán con atención el debate citado para el próximo martes. Es verdad que en las redes sociales los opositores de la administración Duque ya emitieron su veredicto, pero son numerosas las voces que piden no sacar conclusiones antes de que el actual titular de las finanzas públicas pueda dar su versión de los hechos.

Mientras llega ese momento, vale la pena hacer memoria sobre las circunstancias que rodearon la expedición del Acto Legislativo 4 del 2007 y la Ley 1176 del mismo año, que reformaron el régimen de transferencias aplicable a departamentos y municipios. Uno de los propósitos centrales de las modificaciones era apoyar los planes de agua potable y saneamiento básico, un área en la cual el país mostraba atrasos. En tal sentido, se autorizó la constitución de patrimonios autónomos “con el fin de garantizar proyectos de inversión de largo plazo”.

Sin entrar en honduras, de lo que se trataba era de generar una fuente de pago para respaldar obras de acueducto y alcantarillado. Dado el riesgo y los controles establecidos, las entidades territoriales no eran sujetos de crédito. Por tal motivo, se abrió la puerta para constituir garantías, con una serie de requisitos.

Esa acabó siendo la génesis de los bonos del agua, colocados entre el 2009 y el 2010. Los inversionistas que los adquirieron entregaron sus recursos a una fiduciaria que administraba el patrimonio que se nutría del sistema general de participaciones y dio préstamos por 440.004 millones de pesos a 117 municipios, desde Abriaquí, en Antioquia, hasta Mitú, en Vaupés, cobrando márgenes y comisiones.

Para las administraciones locales, los fondos recibidos les permitieron hacer obras. Hay una polémica sobre cuántos de los proyectos se cumplieron a cabalidad, pues mientras unos hablan de un índice de éxito del 85 por ciento, otros dicen que es de una tercera parte. Sea como sea, las protestas comenzaron cuando llegaron los nuevos alcaldes y encontraron que sus manos estaban atadas por una obligación de 19 años y a una tasa de interés alta, aunque lejana de la de usura.

Los reclamos llegaron a ser tales, que en el 2015 se modificó el régimen de los bonos, con los cuales estos se prepagaron con dineros de la banca comercial y dejaron de existir. El ahorro de intereses, calculado por Findeter, ascendería a 250.000 millones de pesos hasta el 2029.

Sin embargo, una cosa es el costo y la efectividad del esquema y otra las insinuaciones de corrupción. En cuanto a la validez del mecanismo, todo sugiere que este se ajustó a las normas. Y en lo que atañe al papel de Carrasquilla, los tiempos de sus actuaciones como asesor financiero deberían servir para limpiar su nombre en cualquier juicio objetivo. El problema es que más de uno cantó su fallo por anticipado.

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