Ricardo Ávila
Editorial

En sus justas proporciones

La consulta popular sobre temas de lucha contra la corrupción busca que los votantes aprueben siete acciones específicas.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
agosto 01 de 2017
2017-08-01 09:06 p.m.
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La semana pasada, la dirigencia del partido Alianza Verde entregó en la Registraduría más de 4,3 millones de firmas en respaldo a una consulta popular sobre temas de lucha contra la corrupción. La iniciativa, liderada por la senadora y precandidata presidencial Claudia López, se convirtió en la más apoyada en la historia de las solicitudes para este mecanismo de participación ciudadana. Dado que el mínimo de firmas necesarias para seguir su trámite es de 1,7 millones, lo más probable es que el Congreso debata en este semestre la celebración de esta consulta.

Esta propuesta verde busca que los votantes colombianos aprueben siete acciones anticorrupción específicas. Tres apuntan a los políticos y se concentran en los cargos de elección popular: reducir salarios a los congresistas, restricción de tres periodos a los miembros de corporaciones públicas como Congreso, concejos y asambleas, y obligar a los congresistas a rendir cuentas.

Otros dos mandatos quieren que las entidades públicas contraten menos a dedo y se priorice el presupuesto de inversión en los tres niveles del Estado en audiencias públicas. Las últimas dos cuestiones por consultar con la ciudadanía serían la cárcel sin beneficio para los condenados por corrupción y la publicación anual de la declaración de bienes, rentas, impuestos y conflictos de intereses como requisito para asumir y ejercer cargos públicos.

Es innegable que la senadora López y demás líderes de su partido han sabido sintonizarse bien con la actual preocupación ciudadana por la corrupción. Las tres mediciones de la encuesta Gallup en el 2017 muestran este flagelo como uno de los “principales problemas del país”, por encima del orden público y la economía. En ese mismo sondeo, el 88 por ciento de los consultados cree que la corrupción está empeorando en Colombia, el segundo porcentaje más alto en casi diez años de registros.

Estos guarismos no sorprenden a nadie. Por más de seis meses, el escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht no para de crecer, involucra a las campañas presidenciales del Gobierno y al principal partido opositor, y ya toca al Congreso y a los entes regulatorios. No hay sector del Estado que se salve de las ollas podridas: las altas cortes, los tribunales de justicia, la Fiscalía, el Legislativo, los organismos de control, los gobiernos regionales, las empresas comerciales e industriales, entre otros.

La cuestión, entonces, no es la pertinencia del contenido de la consulta anticorrupción, sino su capacidad de erradicar esas prácticas. De conseguir los 11 millones de votos requeridos para su aprobación, las siete acciones eliminarían este flagelo de la esfera pública del país. La respuesta es claramente no. De hecho, ya han surgido voces críticas, como la del exministro Luis Felipe Henao, quien representa al candidato presidencial Germán Vargas, que la califica de “innecesaria”. Los principales argumentos de esta corriente son que la mayoría de los mandatos ya existen y que la iniciativa costaría 250.000 millones de pesos.

El telón de fondo de este pulso entre los dirigentes ‘verdes’ y los de Cambio Radical es el arranque de la carrera por la Presidencia de 2018. El trámite y la celebración de la consulta anticorrupción le proveen a la aspiración de la senadora López una sólida plataforma de campaña y fortalecen su discurso independiente y de renovación del establecimiento. Minar el impacto de la consulta no solo da argumentos para el debate en el Congreso, sino que podría desincentivar a los futuros votantes.

El histórico volumen de apoyo ciudadano a la propuesta ‘verde’ debería asegurar su llegada a las urnas. El Congreso debería dar la luz verde para su convocatoria. El propósito de este mecanismo de participación es, precisamente, consultar al electorado sobre medidas y así saltarse al Legislativo y al Ejecutivo. Por otro lado, los impactos de esta iniciativa en la amplia gama de prácticas corruptas deben ser debatidos en sus justas proporciones. No se trata de impedir la consulta, sino de manejar las expectativas de su verdadera transformación.

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