Ricardo Ávila
Editorial

Ganadores y perdedores

El municipio de Cajamarca pasa por una época muy difícil, abandonado a su suerte, tras cerrarle la puerta al proyecto de La Colosa.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
marzo 01 de 2018
2018-03-01 08:43 p.m.
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Hace casi un año, el 26 de marzo del 2017, los habitantes de Cajamarca en el Tolima, dijeron no a la minería. Tras una consulta popular y por una amplia mayoría de los 6.200 votos depositados, el municipio le cerró la puerta al proyecto aurífero de La Colosa, impulsado por la multinacional sudafricana Anglogold Ashanti.

La victoria de los opositores a la iniciativa se recibió con gran beneplácito en sectores ambientalistas, activistas jurídicos y líderes políticos antimineros en Ibagué y Bogotá. El que los habitantes de una población frenaran un emprendimiento que buscaba extraer unos 24 millones de onzas de oro de la cordillera fue aplaudida como muestra del poder de las localidades para definir autónomamente la explotación del subsuelo. A pesar del debate constitucional, que aún no está del todo dirimido, otras nueve localidades siguieron el ejemplo tolimense.

Doce meses después, la realidad económica de Cajamarca es preocupante. Tras haber invertido un billón de pesos en 14 años de exploración, la empresa extranjera suspendió sus actividades en la zona, lo cual significó la pérdida, tanto de alrededor de un millar de empleos formales, como de cerca de 100 millones de pesos de impuestos municipales al año.

A tales impactos hay que sumar los coletazos indirectos. El final de La Colosa se tradujo en el masivo cierre de comercios y la desvalorización de inmuebles, pues la capacidad de consumo de la localidad se desplomó y la bonanza que acompañaría a un ambicioso plan de inversiones nunca se produjo. Al mismo tiempo, y tal como lo documentó un informe publicado en este diario, varias iniciativas agrícolas, ganaderas y piscícolas no pudieron sostenerse, empeorando la situación. Para colmo, los microempresarios apoyados por los programas de responsabilidad social corporativa, así como los proveedores locales, también están entre los damnificados.

En cuanto a expulsar la minería formal de su territorio, el 38 por ciento de votantes cajamarqueños se anotaron un innegable éxito. La pregunta hoy es si los habitantes del pueblo eran conscientes de la recesión que los golpearía.

Tristemente, y tal como ocurre en estos casos, la población quedó abandonada a su suerte. Las promesas de apoyo de quienes llegaron al municipio a respaldar a los promotores del No quedaron relegadas al olvido. Ya no se escuchan las voces de los líderes políticos nacionales o regionales que tomaron partido, ni tampoco de los comentaristas que destacaron cómo la voluntad de este ‘David’ popular, derrotó al ‘Goliat’ que defendía la minería.

Darle marcha atrás al reloj es imposible. No obstante, el caso de Cajamarca es aleccionador para aquellos lugares en donde se siguen promoviendo consultas que buscan proscribir las industrias extractivas de todo tipo. Aunque son pocos los casos en los que hay proyectos adelantados, irse por un lado o por el otro tiene consecuencias que las personas que deciden deberían tener en cuenta antes de votar.

A lo anterior se agrega la incertidumbre jurídica que afecta a todo un sector, cuyo peso en las exportaciones y los ingresos fiscales es fundamental. Si la falta de liderazgo persiste, es dudoso que retorne la confianza en el corto plazo. Para comenzar, sería ideal que el próximo gobierno tome el toro por los cuernos y presente un proyecto de ley estatutaria en el Congreso, cuya ausencia es la que ha llevado a las cortes a llenar una serie de vacíos jurídicos clave.

En el entretanto, el mensaje es que la sociedad necesita hacer las sumas y restas del caso con respecto a la presencia de la minería formal. Las fórmulas maximalistas le caen bien a la opinión, pero la gente se olvida de que si bien hay ganadores, también resultan perdedores. La dura realidad de los cajamarqueños así lo demuestra.

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