Durante años, diversos sectores han venido alertando sobre el mismo mensaje: la debilidad institucional y la inestabilidad en materia de gestión socioambiental están frenando el desarrollo. En otras palabras, los retrasos en la expedición de licencias, las consultas previas y las decisiones administrativas de las entidades territoriales tienen un alto costo para la economía colombiana. Un informe de Fedesarrollo sobre el tema, lo confirma.
Ramos como hidrocarburos, minería, generación de electricidad, transporte de gas, telecomunicaciones y transporte vial son vitales para la marcha de la economía. Aparte de la creación de empleos bien remunerados y de dinamizar el ritmo de otros segmentos, está el aporte de regalías de algunas actividades y la mejora en competitividad.
Las dificultades que surgen de varios de los procesos señalados arriba no están en su existencia sino en los retrasos, la descoordinación de las entidades públicas y la inestabilidad en su implementación. Para citar un caso, en el sector minero el reporte en cuestión encuentra que los retrasos en la aprobación de las licencias ambientales están afectando la rentabilidad de los proyectos y que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) adolece de debilidades técnicas.
En lo que atañe al petróleo, falta personal con conocimientos sobre métodos de explotación no convencionales, mientras que la alta rotación de los que pasan por la entidad da pie a disparidad de criterios. A lo anterior se añaden los conflictos de competencias entre autoridades nacionales y las corporaciones autónomas regionales, de las cuales más de una forma parte del botín burocrático para el cacique de turno.
Los retos de las consultas previas son conocidos y su solución podría describirse como una asignatura pendiente. Las percepciones de las comunidades étnicas sobre este mecanismo son erróneas ya que pretenden que las firmas a cargo de emprendimientos de diverso orden sustituyan el rol de un Estado que raras veces ha tenido presencia en los territorios más apartados.
Además, la ausencia de un marco jurídico estable crea incertidumbre puesto que no hay claridad sobre el mecanismo, sus limitaciones geográficas, qué constituye ese derecho y cómo se ejerce. Que desde el 2016 el Ministerio del Interior esté impulsando infructuosamente un proyecto de ley estatutaria sobre consultas previas es un potente indicador del estancamiento institucional sobre esta necesidad urgente.
El costo de cruzarse de brazos es enorme. Fedesarrollo sostiene que un incremento del 15 por ciento en la inversión en varios proyectos importantes asociados a sectores primarios daría lugar a un aumento adicional del 0,16 por ciento anual en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, además de subir en 0,17 por ciento el consumo agregado. Si la expansión es del 30 por ciento, el impacto sería el doble y la tasa de desempleo caería 0,07 puntos porcentuales.
Y una vez comience la fase de producción habría un impacto positivo sobre los ingresos fiscales, que subirían entre 0,4 y 0,7 por ciento del PIB, es decir algo cercano a lo que generó en su primer año la reforma tributaria del 2016.
Todo lo anterior, deja en claro varias cosas. La primera es que las actividades extractivas son muy importantes para la economía colombiana, con lo cual expedirles una partida de defunción sería un costoso error. La segunda es que los procesos actuales brillan por su ineficiencia y golpean la viabilidad de algunas iniciativas, además de disminuir la rentabilidad del renglón.
Debido a ello, hay que terminar las tareas pendientes. Sin desconocer que necesitamos una economía diversificada, el ejemplo de aquellos países que se han desarrollado con base en la minería o el petróleo puede ser imitado si aprendemos cuanto antes a hacer las cosas bien.