Aquel refrán según el cual ‘a grandes males, grandes remedios’, tuvo que ser puesto en práctica por la administración Duque cuando decidió el cierre indefinido de la vía que une a Bogotá con Villavicencio. Tanto los habitantes de una vasta zona del territorio nacional, como los productores de alimentos e hidrocarburos en el departamento del Meta, tendrán que usar rutas alternas que se traducirán en mayores costos en tiempo y dinero. No hay duda de que la economía regional se verá afectada, al igual que los residentes de la capital, que perderán temporalmente la conexión con la que es su despensa agrícola y pecuaria.
Sin embargo, las imágenes de la televisión muestran con claridad el enorme riesgo que significaría ignorar el peligro. Salvaguardar las vidas de las personas que transitan por el corredor o de quienes habitan en las comunidades cercanas al kilómetro 58 debe ser la prioridad, por más trastornos que ello ocasione.
No es la primera vez que la situación de la carretera se convierte en noticia de primera página, como lo señalan los que recuerdan la tragedia de Quebradablanca en 1974 y varios episodios más. En todos los casos, la combinación de una zona geológicamente inestable, en donde hay un régimen de lluvias intenso, junto con las intervenciones realizadas por los seres humanos, acabaron traduciéndose en derrumbes de enormes proporciones.
A la luz de la compleja historia del sector, podría pensarse que las autoridades habrían aprendido la lección de no tomar en serio a la naturaleza. Sin embargo, el caso actual demuestra que la imprevisión vuelve a pasarnos una onerosa cuenta de cobro. La construcción urgente de una decena de terrazas en el área de la alerta roja se calcula en 120.000 millones de pesos, sin contar las afectaciones indicadas arriba.
Los ojos de los técnicos están puestos en la vereda de Mesa Grande, en jurisdicción del municipio cundinamarqués de Guayabetal. El nombre proviene de una planicie natural ubicada en lo alto de un cerro que en el 2008, según la documentación existente, estaba poblada de vegetación que comprendía arbustos, bosques y pastizales.
En agosto del 2010, la Alcaldía de la población le concedió una licencia de construcción a una empresa del sector avícola, que con el paso del tiempo edificaría 16 galpones para pollos y un número similar de estructuras de orden menor. De manera paulatina y creciente empezaron a presentarse problemas de estabilidad en las laderas, que se tradujeron en avalanchas y deslizamientos.
Un estudio técnico elaborado para Coviandes por una serie de profesionales contratados por la firma concesionaria, muestra algo difícil de controvertir. Sin entrar en honduras técnicas, las obras en la meseta alteraron el curso de salida del agua en un lugar de la geografía que es uno de los más lluviosos del país. Debido a ello, en lugar de caer en una cascada natural, el líquido empezó a erosionar las faldas de la montaña.
La situación se volvió más compleja debido al aumento de las precipitaciones. Los registros pluviométricos recientes están por encima de la media histórica, con lo cual aumentan las vulnerabilidades. Varios reportes sostienen que por el calentamiento global los fenómenos atmosféricos serán más extremos, sobre todo en países cercanos a la línea ecuatorial, una hipótesis que cobra validez.
Si bien la ola invernal actual llega a su fin, el terreno es tan deleznable que sería irresponsable cruzarse de brazos. Mientras se edifican estructuras en la parte alta y se hacen falsos túneles al nivel de la carretera, la única opción válida es suspender el tráfico hasta mediados de septiembre.
No obstante, la pregunta es si en otros puntos se estarán incubando dificultades similares que se volverán dolores de cabeza a la vuelta de unos años. Aquí más de uno hizo sonar alarmas que fueron ignoradas. Ahora, los justos tendrán que pagar por los pecadores.