Hacía rato que un debate en el Congreso no despertaba tanto interés como el que citaron los senadores Jorge Robledo y Alexánder López en contra del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La acusación de que el funcionario se lucró de un esquema que habría diseñado durante su paso por esa cartera en el Gobierno de Álvaro Uribe, a cambio del bienestar de un centenar de municipios, era lo suficientemente fuerte para llamar la atención del público.
Que la temperatura previa a la cita había subido, era evidente. Varios columnistas metieron baza en el asunto y los comentarios en las redes sociales llevaban a pronosticar un cielo tormentoso para la administración Duque. Más de un parlamentario habló abiertamente de la posibilidad de aplicarle la moción de censura al actual titular de las finanzas públicas.
Sin embargo, tras más de siete horas de sesión y poco antes de que el reloj marcara la medianoche, el sentimiento en el Capitolio era otro. Más allá de que los parlamentarios del Polo Democrático hubieran presentado sus acusaciones, quedó claro que el tema llegó hasta ahí. Desde el punto de vista de la mecánica política, solo las bancadas de izquierda fueron las protagonistas de los ataques, mientras que las demás -comenzando por aquellas que han declarado su independencia- apoyaron a Carrasquilla, de manera tácita o explícita.
Dadas las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo, por el anuncio de este último de no entregar puestos ni mermelada para ganar gobernabilidad, es difícil decir que la razón de que se desinflaran las sindicaciones fuera consecuencia de argucias clientelistas. Aquellos que tuvieron la paciencia de escuchar las intervenciones de unos y otros encontraron que la evidencia distaba de ser concluyente.
En lugar de pruebas, los planteamientos de quienes querían forzar un cambio en el gabinete aportaron juicios de valor e interpretaciones sesgadas, para no hablar de descalificaciones personales que rayaron en el insulto. Al lado de las acusaciones por la emisión de los bonos de agua se escucharon ataques en contra del neoliberalismo o la política económica, que hicieron más difícil de entender una discusión que involucra elementos técnicos y conceptos financieros.
Cuando le llegó el momento, Carrasquilla habló durante 45 minutos en los que explicó la línea de tiempo normativa y los participantes en el esquema que desembocó en la operación por medio de la cual 117 municipios adquirieron obligaciones por 440.000 millones de pesos. Su exposición se centró en que no tuvo que ver con las normas que permitieron la creación de patrimonios autónomos, además de señalar que el papel de la firma en la que era socio era de asesoría.
También demostró que el costo de los recursos para los entes territoriales estuvo por debajo del interés bancario corriente o que los índices de ejecución de las obras superaron el 80 por ciento. Dado que los dineros comprometidos representaron menos del 5 por ciento de lo que reparte el sistema general de participaciones, no suena creíble la afirmación de que los municipios en cuestión acabaron quebrados.
Haber dejado atrás una eventual moción de censura, es una victoria para Duque. En plena discusión del presupuesto del 2019 y a días de que se conozcan los elementos de la ley de financiamiento que influirá sobre la distribución de las cargas tributarias, una salida forzada del Ministro de Hacienda habría sido un golpe duro, con consecuencias en materia económica.
Desde ese punto de vista, el Gobierno se ve un poco más fuerte. El problema es que dada la polarización que viene desde la época electoral, una parte de la opinión ya tomó partido y no le dará a Carrasquilla ni siquiera el beneficio de la duda. Y esa semilla de desconfianza que sembró el debate, hará más duro andar por una senda despejada.