Ricardo Ávila
Editorial

La línea está trazada

El punto focal para la solución del paro de maestros es el dinero, ante lo cual Fecode debe entender qué pasa con las finanzas públicas.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
junio 13 de 2017
2017-06-13 09:41 p.m.
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En la noche del lunes, los representantes del Gobierno en la mesa encargada de negociar las condiciones para levantar el paro de maestros, que lleva más de un mes de duración, pensaron que el arreglo era inminente. Tras idas y vueltas, se definió un texto que los directivos de Fecode presentes consideraron aceptable, pero que quedó en el aire una vez estos hicieron las consultas del caso. Por tal motivo, las marchas continúan y el horizonte sigue sin despejarse.

Lo sucedido ilustra las complejidades de un desacuerdo que ha perjudicado a más de ocho millones de estudiantes de primaria y secundaria, inscritos en los colegios oficiales. Si bien en la mayoría del territorio nacional empezó la temporada de vacaciones, el cese de actividades alteró la rutina de incontables hogares y exigirá que las jornadas perdidas se repongan, dando al traste con el calendario original.

El periodo de incubación de la crisis lleva meses. A finales de febrero, el sindicato que representa a más de 300.000 profesores puso en blanco y negro sus exigencias en una carta que le envió a la Ministra de Educación. Los temas abarcaban desde la política educativa hasta las prestaciones, pasando por el servicio de salud o las políticas de bienestar.

Una vez radicadas las peticiones, comenzó un largo periodo de conversaciones, en el que fue posible avanzar sin mayores dificultades. Los desencuentros arrancaron en el momento en que se estudiaron las pretensiones económicas que se podrían resumir en tres: una bonificación similar a la que reciben los empleados públicos, la cual equivale a entre 35 y 50 por ciento del salario mensual; un compromiso de aumentar los sueldos por encima del promedio oficial en 2020 y 2021, y un manejo del asunto de unas primas extralegales que operan en algunos departamentos, declaradas no válidas por el Consejo de Estado.

En su defensa, la administración Santos argumentó que viene cumpliendo fielmente lo pactado en el 2015. El plato fuerte en dicha ocasión consistió en un cronograma para cerrar paulatinamente la brecha salarial que afecta a los maestros, cuyo propósito es dignificar la profesión y atraer mejor talento en el futuro.

De tal manera, se han venido haciendo reajustes que este año están dos puntos porcentuales por encima del promedio estatal y que subirán a tres puntos, tanto en el 2018 como el 2019. Los 12 puntos de aumento que se completarán en ese momento y que vienen desde el 2014, no saldrán baratos. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, entre costos de nivelación y prima de servicio, la suma asciende a 2,2 billones de pesos de hoy, que se constituyen en una presión adicional y permanente sobre las finanzas públicas.

Por tal razón, no se puede argumentar que los educadores están en la misma situación de siempre, pues hay un esfuerzo en marcha. Y aunque es difícil no simpatizar con su causa, vale la pena tener en cuenta que sus planteamientos valdrían, de manera inmediata, cerca de medio billón de pesos que no están presupuestados. A lo anterior habría que agregarle que dos puntos adicionales de reajuste para 2020 y 2021 ascienden a 600.000 millones de pesos, que limitarían el margen de maniobra del Gobierno que viene.

Debido a ello, suena razonable la oferta del Ejecutivo, que consiste en una bonificación pedagógica, calculada en 150.000 millones de pesos, que serán más fáciles de conseguir por parte del Ministerio de Hacienda. Esa es la línea trazada desde la Casa de Nariño, a costa de su ya menguada popularidad.

En consecuencia, vale la pena insistirle a Fecode que reflexione y acepte lo que constituirá una ganancia neta. Sería lamentable que, en aras de los intereses políticos de una dirigencia sindical, que tiene en la mira las elecciones del próximo año, la situación se prolongue a sabiendas de que serán los estudiantes, sus padres y las cuentas estatales las que pagarán los platos rotos.

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