La llegada ayer de María Lorena Gutiérrez al cargo de ministra de Industria, Comercio y Turismo coincide con las quejas en aumento de diferentes sectores, golpeados por la desaceleración de la economía. De un lado y otro se escuchan propuestas tendientes a impulsar la demanda y darle una mano a la producción nacional.
Las protestas se concentran en la situación de la cadena textil y de confecciones. Tanto la parálisis, por dos semanas, de la planta de Fabricato como el titular televisivo de que la conocida firma Arturo Calle había despedido a 400 trabajadores, crearon la impresión de que la actividad está en caída libre. Si bien la primera aclaró que su situación financiera es sólida y la segunda explicó que planea ampliar –y no reducir– su planta de personal, las cifras más recientes del Dane muestran que las cosas no van bien.
Debido a ello, hay quienes opinan que se deben tomar correctivos de fondo, que podrían llegar a la adopción de medidas proteccionistas. Otros piensan que es mejor no buscar la calentura en las sábanas, por lo cual lo que procede es concentrarse en mejorar la competitividad del segmento y combatir la ilegalidad, pues propios y extraños coinciden en que prácticas como la subfacturación de importaciones o el contrabando siguen haciendo estragos.
El debate es bienvenido, no solo porque es necesario tomar el toro por los cuernos, sino porque el arribo de la temporada electoral estimula la aparición de propuestas de corte populista. En consecuencia, sería ideal que la controversia parta de análisis serios que permitan hacer un buen diagnóstico sobre lo que sucede.
A este respecto, vale la pena destacar un estudio elaborado para Fenalco por Hernando José Gómez y Laura Higuera. El trabajo examina los retos y perspectivas de las confecciones y el calzado desde diferentes ángulos.
El punto de partida es reconocer que ambos acápites han perdido relevancia de manera importante. De tal manera, en el año 2000 la participación del renglón llegó a ser del 1,4 por ciento del producto interno bruto, pero bajó al 0,8 por ciento en el 2016, anotando que en el mismo lapso el peso de la industria en la economía también disminuyó.
Desde el punto de vista del empleo, las cifras son elocuentes: en el 2004 el capítulo generó 342.979 puestos de trabajo, que un lustro después habían bajado a 234.354, de acuerdo con las estadísticas oficiales. El fuerte fenómeno de revaluación del peso tuvo mucho que ver en esa caída, la cual se revirtió parcialmente cuando el billete verde volvió a subir de precio, pues en el 2015 las plazas ocupadas fueron 266.028.
En el entretanto, los establecimientos comerciales que venden ropa aumentaron sus nóminas hasta casi un cuarto de millón de personas en el 2015, unas 100.000 más que en el 2006. Desde una óptica amplia, algo más de 500.000 colombianos laboran en el segmento.
La discusión de fondo aparece cuando se analiza la productividad o las inversiones realizadas para avanzar tecnológicamente. Los datos sugieren que en esta materia el país se ha rezagado, a pesar de contar con niveles de protección que solo son superados por los alimentos.
Mirar hacia atrás y saber si la culpa del estancamiento es atribuible al cierre del mercado venezolano o si faltó audacia por parte de los empresarios, es un debate de nunca acabar. Lo que procede es mirar hacia adelante con el fin de contar con una actividad que mejore sus cifras y pueda recuperar el camino perdido.
En tal sentido, vale la pena estudiar si Colombia adolece de falta de especialización en segmentos determinados y qué puede hacer para desatrasarse tecnológicamente. No menos importante es evaluar la conveniencia de medidas que pudieron impulsar el contrabando. En cualquier caso, la de ponerle coto a la ilegalidad es la condición necesaria para que los productores nacionales puedan ver la luz al final del túnel.
La primera condición
Ponerle coto a la ilegalidad es clave en el propósito de darle una mano a la producción local de confecciones y calzado.
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