Ricardo Ávila
Editorial

La responsabilidad primero

El Gobierno debe cortar por lo sano y objetar cuatro leyes cuyo costo combinado es de siete billones de pesos anuales.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
junio 26 de 2017
2017-06-26 05:34 p.m.
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Aquel refrán según el cual ‘el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones’, bien podría aplicársele a cuatro proyectos de ley que pasarán a sanción en los próximos días. Las iniciativas, que conceden beneficios a grupos específicos de la población, deberían ser objetadas por el Ejecutivo, más allá de que sobre el papel aliviarían ciertas cargas y extenderían privilegios en pro de una población más próspera y sana.

Pocos hablan, sin embargo, de lo que sucedería si la administración decide darle luz verde a las propuestas aprobadas por el Congreso, para así congraciarse con la opinión. Según las cuentas hechas por el Ministerio de Hacienda, el costo combinado ascendería a unos siete billones de pesos anuales, una suma no muy lejana de lo que generó la reforma tributaria que vio la luz en diciembre pasado. El problema no afectaría tanto a este Gobierno al que le quedan 13 meses de gestión, sino al próximo, que tendría que llegar a pagar los platos rotos del populismo.

No de otra manera puede calificarse la práctica de crear obligaciones sin identificar las fuentes que las respalden. Con la mira puesta en las elecciones del próximo marzo, la mayoría de los parlamentarios prefirió ignorar las advertencias de los técnicos, con el fin de convencer a los votantes de que no son tan malos como la gente cree. A fin de cuentas, los que son escogidos por responsables forman parte de una pequeña minoría, mientras que los demás hacen lo que sea con tal de regresar al Capitolio.

Los textos que están en la mira de la Casa de Nariño tienen diferente grado de relevancia. La mayor alarma proviene de la autorización para reducir de doce a cuatro puntos porcentuales los aportes de los pensionados, un tema que viene de hace años, pero que surgió de nuevo durante la campaña del 2014 y que recibió el respaldo del propio Juan Manuel Santos, quien ahora reconoce que el palo no está para cucharas.

Aquí los elementos para rechazar la versión que salió de la conciliación no tienen que ver solamente con el impacto sobre el presupuesto (3,1 billones de pesos), sino con la creación de una exención tributaria que solo puede nacer por cuenta de una iniciativa gubernamental o tras el aval del Ejecutivo. Como ninguna de esas condiciones se cumple, la Corte tendría argumentos para decir que el trámite fue inconstitucional, en caso de que los congresistas desestimen el veto presidencial.

Tampoco sería pequeña la factura si se acepta la idea de reducir en 150 las semanas de cotización a las mujeres afiliadas al régimen pensional de prima media y que ganen menos de dos salarios mínimos. Si bien es válido afirmar que un número importante no logra actualmente superar el corte exigido, el subsidio que ya es significativo sería todavía mayor y sumaría 2,5 billones de pesos en el largo plazo.

El razonamiento es otro en lo relacionado con leyes que incorporan el tamizaje genético de los recién nacidos y los tratamientos para infertilidad al plan de salud de los colombianos. Aunque el costo es significativo –300.000 millones y 1,1 billones anuales, respectivamente–, el punto es que existe una ley estatutaria que deja en manos de la administración el encargo de definir los procedimientos cubiertos. Abrir el boquete para que los parlamentarios metan mano e incluyan beneficios por la derecha, rompería con ese principio.

No hay duda de que las objeciones previstas disminuirán todavía más la menguada popularidad presidencial. La visión predominante en la ciudadanía es que el planteamiento de falta de recursos no es válido a la luz de lo que supuestamente se va en corrupción y mermelada. Sin embargo, la sostenibilidad fiscal debe defenderse a toda costa. Si en un futuro, el Gobierno de turno demuestra que tiene cómo allegar los recursos para pagar otras cuentas, excelente, pero, mientras tanto, hay que hacer lo correcto y saber decir que no, así sufra la favorabilidad de Santos en las encuestas.

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