Ricardo Ávila
Editorial

La verdadera transformación

El país debe afrontar varios retos que resuelvan las causas de décadas de conflicto y permitan crear desarrollo en los territorios marginados.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
agosto 04 de 2017
2017-08-03 09:30 p.m.
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Los meses recientes han sido el escenario de intensos debates alrededor del desarrollo normativo del acuerdo de paz, a través del conocido fast track. Este proceso ha puesto sobre la mesa el hecho de que, más allá de lo firmado en el teatro Colón, el país debe afrontar una serie de retos que resuelvan de fondo las causas de décadas de conflicto y permitan crear oportunidades de desarrollo en los territorios marginados. Y en el corazón de esos retos están las dificultades históricas para realizar una reforma agraria que dé mayor equidad y productividad a la tierra.

Desde esa óptica, el principal avance del acuerdo con las Farc está contenido en el primer punto sobre la reforma rural integral, la cual plantea una transformación estructural del campo a través del acceso y uso de la tierra, de programas de desarrollo con enfoque territorial y de la provisión de bienes públicos esenciales para la superación de la pobreza y la desigualdad.

El acuerdo es explícito en mencionar que, para lograr exitosamente esos tres ejes de la transformación del campo, se deben desarrollar bajo una serie de principios propios de la economía de mercado. Estos incluyen, entre otros puntos, un balance adecuado entre la agricultura familiar y la producción de escala, la necesidad de promover la inversión con visión empresarial y que los esfuerzos por regularizar la propiedad de la tierra no pueden afectar el derecho constitucional a la propiedad privada.

Por ello, las normas que regulan el ordenamiento social de la propiedad rural y establecen las reglas de juego para el uso productivo de la tierra son cruciales para el éxito del posconflicto. Con el Decreto Ley 902, que le dio herramientas administrativas y de procedimiento a la Agencia Nacional de Tierras, el Gobierno establece un modelo de formalización de títulos y predios que permite que miles de colombianos accedan a la tierra. Se pasa de un esquema en el que la formalización y adjudicación se hacía por demanda, a uno masivo y promovido desde la oferta, dirigido desde el Gobierno a través del barrido predial.

En la llamada ‘Ley de Tierras’, que se presentará en el Congreso próximamente, se debe dar cumplimiento al acuerdo, aprovechando la oportunidad histórica de facilitar la coexistencia de actividades productivas legítimas como infraestructura, turismo, generación de energía, explotación de minería e hidrocarburos, entre otras. Esto requiere una normatividad clara que resuelva las incertidumbres jurídicas que existen y limitan la inversión empresarial y el desarrollo de la economía familiar.

Hay tres temas que la Ley de Tierras debería contener. Primero, dar claridad absoluta sobre la situación de acumulación de terrenos baldíos y de Unidades Agropecuarias Familiares (UAF), que, en algunos casos, se hizo de manera ilícita, pero en otros no. En esa línea, el Gobierno debe aclarar la situación irregular de acumulación, construyendo sobre la jurisprudencia reciente, como la de la sentencia C-177 de la Corte Constitucional en la que se avala la Ley Zidres. Además, se debería acabar, o al menos flexibilizar, la figura de UAF, que se ha convertido en una restricción al crecimiento de los productores agropecuarios, grandes y pequeños.

Segundo, debería dar tranquilidad frente al uso de la expropiación como mecanismo para la reforma rural, siendo contundente en establecer que solo será utilizada como método residual una vez se hayan agotado otras fuentes del fondo de tierras. Esto daría tranquilidad a los inversionistas que están preocupados frente a la presión que va a tener el país para hallar los tres millones de hectáreas requeridos para cumplir el compromiso de adjudicación de tierras en el acuerdo de paz.

Tercero, la ley debe ser explícita sobre las condiciones en las que se podría aplicar la extinción de dominio, aclarando que se haría solo en casos en los cuales hay un incumplimiento de su uso productivo y reconociendo que en el suelo rural conviven economías distintas a la agropecuaria.

Estos tres elementos son fundamentales para realizar una reforma rural integral que ponga las bases para una verdadera transformación del campo, basada en una visión empresarial en la que caben tanto pequeños productores como agroindustriales.
Ojalá el Gobierno aproveche la oportunidad histórica que tiene para hacerlo realidad.

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