Ricardo Ávila
Editorial

¿Lotería o dolor de cabeza?

El millonario fallo en contra de las dos empresas de mayor tamaño en el ramo de telefonía celular, puede ser un arma de doble filo.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
julio 27 de 2017
2017-07-27 08:43 p.m.
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En un comienzo, no hubo nada más que expresiones de júbilo entre los funcionarios de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado. El motivo fue la noticia de que un tribunal de arbitramento falló en favor de la tesis impulsada por la entidad, según la cual las empresas Comcel –propietaria de la marca Claro– y Colombia Telecomunicaciones (Coltel) –responsable de Movistar– deben compensar a la nación por los activos usados para la prestación del servicio de telefonía celular, desde 1994 hasta el 2013.

Aunque la probabilidad de que la decisión se alineara con lo que en su momento alegó la Contraloría General y respaldó la Corte Constitucional era elevada, la verdadera sorpresa tuvo que ver con el monto del pago. Este asciende a cerca de 4,8 billones de pesos que deberían ser girados por las dos compañías citadas en apenas 15 días, una suma que no tiene precedentes y que para más de uno equivale a una especie de lotería, bienvenida en estas épocas de estrechez fiscal.

No vale la pena entrar en el debate sobre aquello que los especialistas califican de ‘cosa juzgada’, pues los argumentos de un comienzo pasan a segundo plano tras la determinación sabida. Sin embargo, es procedente analizar las consecuencias que pueden surgir ante un escenario que realmente nadie tenía en sus cuentas.

La primera dificultad es el impacto sobre los balances de las firmas mencionadas, que pasan de tener un porvenir llamativo a un futuro incierto. Desde el punto de vista meramente contable, el cargo que le corresponde a Comcel –de 3,2 billones de pesos– la coloca en causal de disolución, mientras que a Coltel, inmersa en un proceso de capitalización orientado a cancelar la obligación originada en la compra de la desaparecida Telecom, los 1,6 billones de pesos que se le demandan la vuelven inviable.

Conseguir los fondos exigidos es algo que no se logra de la noche a la mañana, pues la caja disponible es una fracción de la obligación que acaba de surgir y adicionalmente estaba comprometida en la operación de los respectivos negocios. Por más buenas relaciones que se tengan con el sector financiero, cualquier analista se encargará de señalar que aquí no hay espacio para justificar un préstamo.

En respuesta, no faltará quien alegue que los accionistas principales de ambas sociedades tienen el músculo financiero para asumir la cuenta. El problema es que en el mundo corporativo nadie responde de forma tan veloz cuando le aparece una cuenta sorpresa, cuyo valor conjunto supera los 1.600 millones de dólares. Así el gobierno se haya mostrado satisfecho inicialmente, los inversionistas extranjeros cuestionan las reglas de juego y la estabilidad jurídica de un país que, a sus ojos, cambia las condiciones sin previo aviso.

Por lo tanto, las autoridades necesitan actuar con cabeza fría, teniendo en cuenta los intereses de los usuarios, que son los de recibir un buen servicio, de manera continua. No está de más recordar que la participación combinada de Comcel y Coltel en el servicio de telefonía celular es cercana al 80 por ciento, para no hablar del peso que representan en otras áreas como datos, televisión por suscripción o telefonía fija.

De tal manera que si el Estado aspira a recibir los 4,8 billones de pesos que le otorgó el tribunal de arbitramento, lo mínimo que necesita es que aquellos que le deben pagar tengan cómo hacerlo. Cobrar de manera perentoria una plata que no existe haría de esta una victoria pírrica, con efectos colaterales indeseables.

Encontrar fórmulas razonables, obliga a un diálogo que conduzca a posturas coordinadas dentro del Ejecutivo, al igual que un entendimiento con empresas y órganos de control. De lo contrario, el riesgo de que Colombia no reciba las inversiones que requiere para que se desarrolle un sector crucial es alto, por cuenta de una sentencia que, de una manera u otra, podemos acabar pagando entre todos.

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