Ricardo Ávila
Editorial

Salirse de donde no toca

La Nación aún participa como accionista en 109 empresas, un número alto que amerita un buen análisis sobre lo que vale la pena y lo que no.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
mayo 29 de 2018
2018-05-29 07:58 p.m.
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Setenta billones de pesos no es una cifra menor para nadie. Eso es lo que, según un documento discutido a finales de mayo en el seno del Conpes, vale el portafolio de la Nación en 109 empresas, con corte al pasado diciembre 31. En contra de la impresión generalizada de que el Estado se ha replegado al máximo en tiempos recientes, el reporte deja en claro que hay activos que merecen una atención especial.

Curiosamente, el desafío no está necesariamente en las compañías más conocidas. Ecopetrol –que representa el 60 por ciento de la cifra mencionada– es objeto de un seguimiento permanente, al igual que ISA, otra joya de la corona. Para decirlo con claridad, el Ministerio de Hacienda cuenta con una dependencia que mantiene la rienda corta sobre los indicadores financieros de una buena cantidad de firmas.

Sin embargo, hay un grupo de 70 sociedades en las cuales la participación accionaria es inferior al 50 por ciento y representa menos del 4 por ciento del valor patrimonial referido. Y si se excluye a Colombia Telecomunicaciones de esa cuenta, la proporción cae al 1 por ciento.

Aunque a primera vista, los datos anteriores no son más que una curiosidad, el problema es que al sector público le va mal cuando es socio minoritario. Puesto de otra manera, mientras la rentabilidad sobre activos en el 2016 acabó siendo positiva en aquellas personas jurídicas en las cuales la propiedad estatal supera el 50 por ciento, en las demás el saldo fue negativo.

Como siempre sucede en estos casos, hay explicaciones individuales que tienen que ver con el desempeño de un sector en particular o con herencias viejas que no se han podido liquidar. Sin embargo, un análisis hecho con el apoyo del BID reveló que 23 empresas muestran una rentabilidad inferior a la que se considera razonable, 10 tienen un valor de mercado que está por debajo de lo que dicen los libros contables y una cantidad similar existe sin que tenga una racionalidad clara.

Por tal motivo, es apropiada la determinación de definir una política, orientada a distinguir entre compañías estratégicas y no estratégicas. En casos puntuales es legítimo que se decida hacer presencia, ya sea porque se corrigen fallas de mercado o es fundamental hacer presencia en áreas de primera importancia e, incluso, porque se logran rendimientos elevados.

Aun así, abundan los ejemplos en los que no hay un norte claro y la nación tiende a ser un accionista pasivo, lo cual equivale a un desperdicio de recursos. Eso quiere decir que hay que contar con criterios específicos, orientados a separar el oro de la escoria o a salirse de aquellos lugares en los cuales el papel es marginal. En concreto, es válida la recomendación de priorizar la venta de aquellas participaciones inferiores al 10 por ciento.

También es válido darle una mirada a las demás propiedades minoritarias, así sea para decidir si se venden o se toman acciones puntuales que mejoren los resultados. En cualquier caso, lo importante es que aquí no aparezca una vena rota que obligue a hacer rescates a regañadientes.

El análisis apenas comienza y el primer reporte será recibido por el nuevo gobierno el próximo diciembre. Para finales del 2020 estará el diagnóstico completo que debería enfocarse en salir de aquello que no vale la pena, al tiempo que lo que quede en el portafolio estatal debe cumplir con criterios mínimos de participación, utilidad y creación de valor.

Ojalá el próximo presidente no se desvíe de esa línea, pues el palo no está para cucharas. Aceptando que hay excepciones, es bueno recordar que los recursos públicos son limitados y no vale la pena usarlos en donde no toca, sobre todo si el sector privado lo puede hacer mejor. Y aumentar el número de inversiones sería indeseable. Porque el que mucho abarca, poco aprieta.

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