Fue realmente una coincidencia, pero la verdad es que la aprobación el martes de la nueva ley de contratación pública resultó ser el abrebocas ideal para el congreso anual de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que por estos días tiene lugar en Cartagena. El motivo principal es que la iniciativa mejora las reglas de juego utilizadas para el desarrollo de diferentes emprendimientos financiados con dinero público.
Para comenzar, los defensores de la transparencia celebran la obligatoriedad de usar pliegos tipo en las licitaciones que hagan departamentos y municipios. Así se le pone coto a la práctica de establecer requisitos hechos a la medida de un solo proponente, una conocida fuente de corrupción a través de la cual gobernadores y alcaldes “devuelven favores” a quienes financiaron sus aspiraciones o son cercanos a su grupo político.
No menos importante es llenar el vacío que existía en las normas con respecto al tratamiento que se les debe dar a contratistas y entidades de crédito que, de buena fe, proveen servicios o prestan dinero a proyectos que acaban siendo rescindidos. Un ejemplo típico es el del segundo tramo de la Ruta del Sol, que debido a los sobornos pagados por Odebrecht dejó en entredicho el pago de las cuentas de centenares de personas naturales y jurídicas.
Más allá de cómo se solucionen los impasses en el caso citado, lo destacable aquí es que se elimina un factor de riesgo fundamental. Despejado ese obstáculo, es de esperar que una buena cantidad de cierres financieros asociados a las autopistas de cuarta generación, que quedaron en entredicho desde el comienzo del año, lleguen a feliz término. Los conocedores sostienen que hay una decena de procesos muy avanzados que quedarían finiquitados pronto.
Esa señal es clave para quitar de la carrilera tal vez el que era el mayor obstáculo de la locomotora de la infraestructura. Ahora están dadas las condiciones para que esta acelere su ritmo y sirva como factor clave para mejorar el desempeño de la economía colombiana, sobre todo durante los próximos tres años.
Lo anterior no quiere decir que todo estuviera detenido. Tal como lo señalaron las cifras del Dane, la semana pasada, el capítulo de obras civiles es el que más ayuda para que el crecimiento del Producto Interno Bruto vaya más rápido.
Esa realidad le servirá al Gobierno para presentar un balance que solo puede calificarse de notable, por lo menos en este campo. Los números hablan por sí solos: 53.000 kilómetros de carreteras intervenidos, 48 kilómetros de túneles, 430 puentes y el incremento de las dobles calzadas de 700 a 2.100 kilómetros, en comparación con el 2010.
No obstante, el verdadero aporte consistió en la reforma institucional del sector transporte, que incluyó sacar la politiquería del Ministerio del ramo y sus entidades asociadas, dándoles un carácter eminentemente técnico. La entrega de un plan maestro permite contar con una hoja de ruta de largo plazo, algo esencial para un país que todavía tiene mucho por hacer para contar con una infraestructura decente, clave para romper cuellos de botella.
La cita en Cartagena también sirve para mirar hacia adelante y comprometer a los candidatos a la presidencia que estarán presentes, con el propósito de hacer obras de manera profesional y transparente. La lista de tareas es amplia e incluye desde la logística hasta la consolidación del transporte multimodal, que pasa por mejores opciones en materia férrea y fluvial.
Además, vale la pena tener en cuenta que vienen los grandes proyectos urbanos, pues tan solo en Bogotá se habla de inversiones cercanas a los 60 billones de pesos. Garantizar resultados requiere no solo dinero, sino un ambiente que permita que, a diferencia de lo que era usual en el pasado, ahora las obras en Colombia se ajusten a presupuestos y cronogramas.