Ricardo Ávila
Editorial

Un problema en ciernes

La crisis de Venezuela está empezando a poner una evidente presión en el mercado laboral colombiano.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
agosto 02 de 2017
2017-08-02 09:03 p.m.
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Reacciones encontradas ha generado la decisión que tomó la Cancillería colombiana de otorgar un ‘Permiso Especial de Permanencia’ a los venezolanos cuya autorización para estar en el país se había vencido. Algunos piensan que es un buen gesto humanitario hacía más de 150.000 vecinos que debieron abandonar su tierra, asolada por el caos político y económico. Otros creen que la medida tiene sus bemoles, debido a que nuestra economía se está desacelerando y no hay trabajo para tanta gente.

A ambas partes les asiste algo de razón, pero ninguna de las dos visiones es concluyente. El ‘Permiso Especial de Permanencia’ tiene dos ventajas desde el punto de vista colombiano. Por un lado, garantiza un registro ordenado y confiable de los venezolanos que llegan a nuestra tierra, requisito fundamental para la ejecución de cualquier política orientada a enfrentar la situación. Por otro, les permite a los portadores del documento cotizar al sistema de seguridad social en Colombia, lo cual viabiliza la prestación de los servicios básicos de salud que tanto requieren.

Sin embargo, la preocupación de quienes hacen sumas y restas también tiene fundamento: la crisis de los vecinos está empezando a poner una evidente presión en el mercado laboral colombiano. Los 150.000 beneficiarios del permiso de estadía temporal tienen derecho a trabajar en nuestro territorio, y a ellos se suman los 50.000 venezolanos que están en el país con su visa en regla. Si además agregamos los cerca de 140.000 que las autoridades estiman han ingresado ilegalmente por puntos no autorizados, ya estamos hablando de 340.000 personas que requieren un trabajo en una economía que solamente generó 550.000 nuevos puestos en el último año, según el Dane.

Con semejantes cifras, cualquiera diría que el Gobierno no debería ser tan generoso con los permisos temporales y más bien tendría que afinar los requisitos para los migrantes.
Sin embargo, esa es una pretensión ilusoria. Con una frontera de más de 2.200 kilómetros de extensión, no hay restricción formal que pueda detener los flujos de personas que escapan de una economía en crisis, con un desempleo galopante, infames índices de escasez y la perspectiva de la formalización de una dictadura. Ante ese panorama, siempre es mejor que las migraciones sean controladas, se ubiquen en la economía formal y puedan ser atendidas con mecanismos institucionales.

Pero si bien la medida de la Cancillería va en el sentido correcto, es claramente insuficiente. Si a los 340.000 venezolanos que han llegado al país de manera regular e irregular, les sumamos el millón de colombianos o hijos de colombianos que están retornando gracias a su doble nacionalidad, se podría estar incubando una emergencia económica y social con profundo impacto en regiones específicas. Para no ir más lejos, basta con recordar que Norte de Santander tiene hoy el doble de informalidad que el resto del país y sus niveles de desempleo también duplican el promedio nacional.

Lo más grave de todo es que, a medida que avance la crisis venezolana, estas cifras se elevarán. Por eso, Colombia debe contar con un plan comprehensivo que trascienda las simples medidas migratorias. La experiencia europea de los últimos años, con grandes volúmenes de refugiados de Siria y otras naciones en crisis, demuestra que no hay solución fácil para esta clase de problemas. Sin embargo, está claro que cualquier estrategia exitosa debe incorporar proyectos productivos sostenibles que representen soluciones económicas para la población migrante. Esos proyectos no deben depender exclusivamente del Estado y tienen que abarcar también al sector privado, con capitales nacionales pero también extranjeros, incluidos los de venezolanos establecidos en el país.

Pero el compromiso también debe incluir a los países vecinos. Los gobiernos de la región que han sido tan enfáticos en condenar los abusos del régimen bolivariano deberían diseñar políticas para recibir migrantes venezolanos y meterse la mano al bolsillo con el fin de financiar proyectos productivos para sostenerlos. Esta compleja situación constituye una oportunidad para que Colombia lidere una estrategia regional en ese sentido, no solo para ayudar a los venezolanos, sino, sobre todo, para lidiar de la mejor manera con el problema económico, social y humanitario que se puede estar incubando en nuestro propio territorio.

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