Cuando, dentro de un año, se haga una lista de las reformas que se le quedaron en el tintero a Juan Manuel Santos, el asunto de las pensiones estará en los primeros lugares entre los pendientes. El motivo es que a pesar de las promesas en contrario, la administración no quiso ponerle el cascabel a un gato que parece más un felino furioso que un juicioso minino.
Las cifras sobre la magnitud del problema son elocuentes. En el 2017, el tamaño del agujero que deberá ser cubierto por el presupuesto nacional asciende a 38 billones de pesos, suma que asegura las mesadas que reciben 1,9 millones de personas. Dos terceras partes de los subsidios que obtienen los usuarios mencionados benefician al 20 por ciento más rico de la población, mientras tan solo el 1 por ciento del dinero de las ayudas va para el 20 por ciento más pobre.
No menos inquietante es constatar que el futuro pinta peor. La razón es que de los 22 millones de personas ocupadas en el país, dos terceras partes no cotizan al sistema pensional. De no hacerse una cirugía de fondo, la perspectiva apunta a un número creciente de individuos de la tercera edad que no tendrán asegurada una subsistencia digna. A eso hay que agregarle el envejecimiento paulatino de la población colombiana, con lo cual la cantidad de ciudadanos desprotegidos subiría sustancialmente.
Lo anterior no desconoce ciertos avances. El esquema de los beneficios económicos periódicos le abre la puerta a que trabajadores de ingresos inferiores al salario mínimo realicen aportes bajo un esquema de capitalización individual, que se complementan con una contribución estatal. Así mismo, la reducción en la carga parafiscal resultó determinante para el aumento en los índices de empleo formal.
Pero falta un gran terreno todavía. Aparte de que hay un gran desequilibrio entre el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, y el de ahorro individua,l a cargo de los fondos privados, es obligatorio sincerar la discusión para que las cuentas cuadren. De lo contrario, el renglón de las pensiones seguirá significando una carga inmensa para las finanzas públicas, sin que ello asegure una caída de la desigualdad entre ricos y pobres.
Por ejemplo, el aumento en la esperanza de vida debería llevar a la revisión de parámetros fundamentales como la edad de jubilación o el número de semanas de cotización, con el fin de tener derecho a una mensualidad. Ambos puntos son una verdadera ‘papa caliente’, desde el punto de vista político, pero de lo que se trata es de no colgarle una obligación difícil de pagar a las generaciones venideras.
Discusiones del mismo tenor tienen lugar a lo largo y ancho del planeta. Aunque cada caso es particular, el reto de múltiples sociedades –comenzando con las más ricas– es hacer sostenible su pasivo previsional. Incluso Chile, que en su momento llegó a describirse como el modelo ideal al apoyarse en las contribuciones de cada trabajador, acaba de comenzar un proceso de ajuste ante la insatisfacción de muchos jubilados por las sumas que reciben.
Debido a lo anterior, el próximo Gobierno estará obligado a meterle el diente a este problema, sin importar la bandera ideológica que represente. El reto es que las matemáticas den para que no perpetuar los desequilibrios.
Propios y extraños saben que, aparte del tema pensional, también se requiere una legislación laboral distinta, con el propósito de formalizar el mercado. Aunque no faltan los que abogan por soluciones radicales, hay quienes sostienen que los regímenes actuales pueden coexistir si se complementan y se construyen pilares públicos solidarios.
Sin embargo, más allá del diseño que se proponga, el mensaje de fondo es que patear el problema hacia adelante no es una solución. Eliminar los subsidios para estratos altos y aumentar la cobertura son propósitos indispensables, si se quiere que el sistema pensional en Colombia beneficie a la mayoría.
Un tema en el tintero
Los años pasan y la reforma pensional que se necesita hacer en Colombia sigue en la lista de asuntos todavía pendientes.
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