Cuando en 1968 el gobierno de Carlos Lleras Restrepo creó el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, el objetivo fue llenar un vacío evidente: el de la falta de iniciativas debidamente estudiadas y estructuradas en un país de bajo nivel de ingreso. Medio siglo después, muchas cosas han cambiado, pero otras no. Si bien a nivel nacional los grandes emprendimientos se planean mejor, en el ámbito local muchas cosas se hacen mal, como lo demuestran incontables obras a medio camino.
En dicho lapso, el rol de Fonade también ha evolucionado. Ahora la entidad se define como “el estructurador y ejecutor de proyectos estratégicos más efectivo de la nación”. Más que un cerebro, la institución podría describirse como un brazo que ayuda a volver realidad compromisos gubernamentales, en temas que van desde la infraestructura hasta el progreso social.
En la penumbra durante años, de un tiempo para acá el organismo se convirtió en uno de los más apetecidos por parte de los barones políticos. El motivo es que el Fondo maneja recursos cuantiosos que son administrados por un ejército de contratistas e interventores que, sobre el papel, son escogidos con criterio técnico.
La realidad lamentablemente es otra. Aunque hay problemas de vieja data, quienes están familiarizados con el tema aseguran que el desgreño actual no tiene comparación.
El paso de un par de gerentes, fichas políticas del hoy caído en desgracia senador Bernardo Miguel Elías, ha sumido a Fonade en una crisis profunda que demanda una cirugía mayor, con el fin de extirpar varios tumores malignos. No faltan quienes piensan que lo mejor sería hacer borrón y cuenta nueva, lo cual demandaría liquidar lo que hay y crear un nuevo ente que vuelva al espíritu original de hace medio siglo.
Algunos datos, hablan por sí solos. El valor de los fondos a cargo de la institución llega a 1,5 billones de pesos anuales, que no es una cantidad menor. A pesar de tener solo 70 empleados de planta, existen 530 contratistas relacionados con el funcionamiento y 1.400 más asociados a un amplio número de ejecutorias, el triple que en el 2014. Una visita a las instalaciones muestra un increíble nivel de hacinamiento que hace incluso difícil caminar por los pasillos, debido a la cantidad de gente.
Como si la explosión burocrática no fuera suficiente, abundan los reportes con respecto a prácticas corruptas. Varias firmas aseguran, en privado, que hay que pagar hasta 100 millones de pesos con el fin de ser declaradas elegibles para recibir trabajos ordenados por Fonade. Y para las sociedades que se abstienen de girar la coima del caso y estaban ya admitidas, los procedimientos se vuelven kafkianos, pues lo usual es exigir papeles de todo tipo, mientras los giros se demoran por cualquier motivo.
A pesar del ruido que ocasionan la ineficiencia o los indicios de cobros indebidos, el Gobierno se ha demorado en tomar correctivos. Una vez la administración Santos decidió prescindir de los servicios de quien fuera recomendado para la gerencia por el ‘Ñoño’ Elías al comenzar agosto, el director de Planeación Nacional quedó a cargo de manera interina, pero su margen de maniobra es limitado, pues no se sabe qué quiere la Casa de Nariño ahora.
El problema es que la desidia conduce a la pérdida de recursos públicos, ya sea por desperdicio o por franca venalidad. Aparte de que los órganos de control y la Fiscalía deberían fijar sus ojos en el desorden que ocasionaron personas que no obraron de manera profesional, lo lógico es que el Ejecutivo agarre el toro por los cuernos y se encargue de limpiar la casa.
Mientras eso sucede, el descalabro de Fonade vuelve a demostrar lo que ocurre cuando los cargos importantes se le entregan a una clase política voraz y sin límites. Aparte de rabia, da tristeza ver en lo que quedó una institución en la que claramente no se aplicaron los principios del buen gobierno.
Un triste caso de desgreño
El Gobierno está en mora de hacer una limpieza profunda en Fonade, un lugar en el cual las malas prácticas abundan de forma notoria.
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