Diversas reacciones ha generado la carta enviada al presidente Santos por el Consejo Gremial, solicitándole abstenerse de dictar ciertas normas en los últimos días de su gobierno, que posteriormente fue notificada también al presidente electo, Iván Duque. Algunos dicen que estas comunicaciones constituyen un ejemplo de antipático comportamiento de quienes creen que el poder de un presidente desaparece tan pronto su sucesor es elegido. Otros señalan que son una prueba de que los empresarios del país son mucho más afines al gobierno entrante que al saliente.
Unos y otros cuestionan la comunicación de la cúpula gremial, y argumentan que el presidente Santos puede y debe gobernar hasta el mismo 7 de agosto en horas de la tarde. Por supuesto que esta aseveración es cierta, pero eso no obsta para señalar que es posible que los empresarios tengan razón, más allá de cualquier consideración de preferencias políticas.
La solicitud del Consejo Gremial abarca tres medidas concretas. La primera se refiere a un proyecto de decreto que redefine el territorio ancestral de algunos pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La norma abarcaría 348 nuevas zonas, lo que implicaría que en estas entrarían a regir los tratamientos especiales previstos en la normatividad colombiana para esa clase de territorios. Los empresarios sustentan su pedido de congelar la iniciativa en la vaguedad de los linderos planteados para las nuevas zonas y la falta de documentación cartográfica, lo que traería incertidumbre jurídica en el interregno y posibles conflictos en su posterior aplicación.
La segunda iniciativa que se pide congelar es otro proyecto de decreto que busca regular el uso de la tierra de las comunidades afrocolombianas, en lo referente a la preservación del medioambiente y los recursos naturales. La comunicación gremial advierte que las nuevas normas podrían derivar en conflictos en el manejo de la tierra entre las autoridades de las comunidades étnicas, las ordinarias y las restricciones que impondría el Gobierno Nacional en materia ambiental.
Finalmente, la cúpula gremial pide congelar un nuevo protocolo de protesta social. La solicitud reconoce que, si bien esta es un derecho, la Constitución señala que la ley puede fijarle límites de modo que no lesione otros derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la carta enfatiza que eso fue justamente lo que hizo el Código de Policía del 2016, cuyas normas deben ser plasmadas en una ley estaturia que debe promulgarse a más tardar en julio del 2019. El Consejo Gremial argumenta que no tiene sentido que se modifiquen las pautas de acción de las autoridades ante la protesta social, justo cuando está en marcha un desarrollo normativo que deberá concluir bajo un nuevo gobierno.
Algunos críticos de las solicitudes del Consejo dirán que sus argumentos en los tres casos son deleznables y que sus verdaderas motivaciones son otras. Y es que habría que ser demasiado ingenuo para ignorar que los tres instrumentos normativos cuestionados afectan de una manera u otra intereses económicos. Desde luego, la inclusión de nuevas zonas a los territorios indígenas o la definición de nuevos criterios para el manejo ambiental de las tierras de los afrodescendientes implican un cambio en ciertas reglas de juego de actividades como la minería, la agricultura y la ganadería. Algo parecido puede afirmarse de la definición de un nuevo protocolo para la protesta social, y los efectos que puede tener en el manejo de potenciales paros con impacto económico.
En ese contexto, es fácil descalificar la solicitud del Consejo Gremial afirmando que disfraza de inquietudes técnicas lo que son simples intereses económicos. Sin embargo, por más tentadora y, en apariencia, persuasiva que sea esa interpretación, hay otra mucho más razonable: no es sensato que un gobernante dicte normas de semejante calado cuando faltan pocos días para el final de su mandato. De ese afán normativo solo quedaría la certeza de que imponer tal camisa de fuerza al nuevo mandatario no le hace bien a nadie.
