La idea no tiene ninguna viabilidad política. Tan pronto se supo que el artículo 179 del proyecto de ley que acoge el plan de desarrollo proponía un recorte a los subsidios de electricidad, fueron múltiples las bancadas que anunciaron su oposición. Hasta el Centro Democrático puso en duda su respaldo, lo cual augura que el planteamiento quedará sepultado con más pena que gloria.
Lo anterior quiere decir que aquellos usuarios cuyas viviendas están ubicadas en estrato tres mantendrán un alivio del 15 por ciento en vez de cero, las pertenecientes al dos, uno de 50 en lugar de 40 por ciento, y los del uno seguirán con el 60 a cambio del 50 por ciento, rebajas que aplican hasta un tope de consumo. Ante el anuncio del seguro hundimiento del artículo en cuestión, abundan las expresiones de satisfacción, pues se habrá evitado que un buen número de hogares paguen una cuenta de energía más elevada.
Ese desenlace anunciado no debería, sin embargo, evitar que el país dé una discusión abierta. El motivo es que los subsidios en Colombia tienen un nivel mucho más elevado que en otras sociedades. Un proyecto de ley presentado por la administración Santos –que recibió en su momento un entierro de tercera– daba cifras que son elocuentes.
De acuerdo con la exposición de motivos, en el 2014 el gasto para este rubro ascendió a 70,7 billones de pesos, equivalentes en ese momento al 9,3 por ciento del Producto Interno Bruto o al 36 por ciento del presupuesto general de la Nación para dicha vigencia. Aunque en valores corrientes las sumas han subido mucho –en el 2010 la apropiación fue de 49,6 billones de pesos–, como proporción del tamaño de la economía han oscilado entre 8,4 y 9,5 por ciento, dependiendo del año. Al tomar el punto medio de ese rango y extrapolarlo, se podría afirmar que en el 2019 los diferentes rubros se llevarán más de 90 billones de pesos.
Semejante monto duplica las partidas individuales más grandes de los programas de gasto gubernamental. No obstante, vale la pena aclarar que estas son enormes porque vienen con una carga de subsidios considerable. Así, la educación abarcó una tercera parte de los apoyos en el quinquenio transcurrido entre el 2010 y el 2014, seguida por las pensiones (28 por ciento), la salud (18 por ciento) y los servicios públicos. Nada hace pensar que ahora la torta se distribuya de manera diferente.
Cualquier observador desprevenido podría pensar que el dinero se concentra en los que más lo necesitan. La verdad no siempre es esa. Una de las razones de por qué la desigualdad en Colombia no disminuye casi, después de cobrar los impuestos y gastar lo que se recauda, es que la labor redistributiva del Estado es mala. Por ejemplo, tres cuartas partes del dinero para pagarles a los jubilados beneficia al 40 por ciento más rico de la población.
De otro lado, múltiples estudios ponen de presente los errores del sistema de estratos. La decisión sobre qué partes de un municipio se ubican en cualquiera de los seis renglones existentes, muchas veces es arbitraria y responde a criterios más políticos que técnicos. A fin de cuentas, si desde el valor del servicio de banda ancha hasta la recolección de basuras o el predial, varían entre cada categoría, hay una tendencia natural a rebajar a todos, con excepción de aquellas administraciones locales que cuentan con una buena formación catastral.
Por último, la transformación social del país es innegable. Desde comienzos del siglo, la pobreza cayó del 50 al 27 por ciento, y la clase media más que se duplicó. A pesar de ello, esta última considera que no debe asumir cargas mayores o abandonar beneficios, a lo cual los políticos de todos los pelambres se prestan. Esa es la razón de fondo por la cual en el país, el concepto de equidad nunca comienza por casa. Y la luz seguirá subsidiada.
